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Patricia Villarruel | MADRID Gobierno busca aclarar la Directiva Retorno e impulsar el voto recíproco con América Latina.
La política de extranjería del gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero considera convertir las fronteras en “un tapón hermético” para inmigrantes indocumentados y concede derechos hasta ahora vetados a los residentes legales.
La estrategia incluye una ofensiva diplomática para, por un lado, intentar que los países latinoamericanos comprendan el contenido de la Directiva Retorno y, por otro, agilizar la firma de convenios bilaterales de reciprocidad para impulsar el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de los extranjeros con documentos.
A fines de junio pasado, miembros del gobierno ibérico explicaron a 20 embajadores que la legislación comunitaria no afectará a la española ni supone un endurecimiento de la política de extranjería. El lunes pasado, en cambio, se reunieron los presidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el eurodiputado José Ignacio Salafranca y el senador del Parlamento Latinoamericano, Jorge Pizarro.
Miguel Pajares, experto en inmigración, cree que “si España no apoyaba la Directiva corría el riesgo de quedarse aislado en una Europa dominada por gobiernos conservadores”. La normativa que establece el internamiento de los inmigrantes entre 6 hasta 18 meses previo a su expulsión “vulnera los derechos humanos y no es para nada progresista”, añade. De ahí que la decisión de impulsar con fuerza el voto pueda interpretarse como una medida compensatoria.
Julio Ruiz, secretario confederal de Migraciones del sindicato Comisiones Obreras, ve en la participación de los inmigrantes en los comicios locales “un factor de integración de primer orden”, pero opina que la propuesta que se debatirá en septiembre en el Parlamento “tiene mucho marketing”.
En el 2006, el Partido Socialista Obrero Español presentó una proposición no de ley en esta línea, pero todo quedó en papel. España solo ha firmado con Noruega un acuerdo de reciprocidad. Con Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia faltan desarrollar convenios generales de cooperación y amistad ya suscritos.
Los cambios propiciados por la Asamblea Constituyente que permitirían sufragar a los extranjeros que residen legalmente, por lo menos cinco años en Ecuador, allanaría el camino para 346.000 ecuatorianos en edad de votar en España.
José Alonso, vocero socialista en el Congreso, dice que ello incide a “la columna vertebral de la democracia porque los trabajadores inmigrantes contribuyen al bienestar de todos y debe, dentro de la Constitución, captar el mayor ejercicio de derechos constitucionales. Es lo decente y ético en democracia”.
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