La Comisión del Control Cívico contr la Corrupción (CCCC) reiteró este jueves que existen nuevos y suficientes indicios penales para que se continúe y concluya la investigación del caso del Defensor del Pueblo con la respectiva determinación de responsabilidades. Para ello es preciso que la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia cumpla con diligencia la petición oficial de levantamiento de la inmunidad ante la Asamblea Nacional Constituyente, entidad que deberá dar paso a esa solicitud para permitir que se prosiga con la causa, señaló mediante comunicado oficial.

Según la CCCCC, los nuevos elementos se sintetizan en lo siguiente:

1.- Nuevo Testimonio de afectados en declaración extraprocesal

En enero de 2008, la C.C.C.C. obtuvo la declaración extraprocesal rendida por la viuda de uno de los ecuatorianos migrantes fallecidos en España - cuya identidad no se revela por protección - en la cual afirma que conoció que el Hospital Clínico San Carlos pagó 1.600 euros por un órgano extraído del cuerpo de su marido cuya donación nunca autorizó y que, de esta clase de procedimientos, conocía el Defensor del Pueblo.

En dicha declaración extraprocesal consta lo siguiente: “El Dr. Claudio Mueckay me ofreció enviar los 500 dólares, pero solo quedó en eso, solo en ofrecimiento, eso fue cuando él estaba en problemas siendo acusado de la donación de órganos. En esta época me pidió que haga una declaración juramentada a favor de la Defensoría del Pueblo y del Dr. Claudio Mueckay a cambio de ayudarme con los trámites de la indemnización.”

2.- Transferencias bancarias realizadas sin documentación de respaldo

El 9 de agosto de 2007, la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado (DIRESDDR) comunicó al Dr. Claudio Mueckay la predeterminación de responsabilidades civiles y administrativas, estableciendo una glosa por el valor de 58.054,37 dólares “por haber autorizado las transferencias de fondos a las funerarias sin la documentación de respaldo…”

3.- Nombramiento de Directores de Derechos Humanos en el exterior

Igualmente, el oficio No. 040084 DIRESDDR del 9 de agosto de 2007 corrobora las conclusiones del informe de la C.C.C.C., en el sentido que el Dr. Claudio Mueckay asumió disposiciones que excedían sus atribuciones al emitir los nombramientos de Directores de Derechos Humanos en el exterior, abusando de recursos económicos públicos en beneficio de terceros.

Es por ello que la C.C.C.C. considera que la respuesta inmediata al pedido hecho actualmente por la Fiscalía que debe conllevar al levantamiento de la inmunidad de la que goza el Defensor del Pueblo permitirá continuar con la investigación del caso y marcará la diferencia con lo actuado por el cesado Congreso Nacional, entidad que retuvo el caso un año y ocho meses sin lograr que se inicie el juicio político a pesar de haber sido ratificada la denuncia de la C.C.C.C. en el Informe presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso, el 27 de julio de 2006.

Varios medios de comunicación atribuyeron la inacción del Congreso Nacional a la existencia de conflictos de intereses entre algunos de los ex congresistas y el titular de la Defensoría del Pueblo: “Hijos y parientes de diputados de ocho bloques legislativos, que se beneficiaron con cargos en la Defensoría del Pueblo, dudan en apoyar el juicio político anunciado en contra de su máxima autoridad, Claudio Mueckay” (Diario El Mercurio, 23 de marzo de 2006)

Conviene recordar a la ciudadanía el recuento cronológico de este caso:

El 9 de marzo de 2006, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción determinó indicios del delito de peculado, en contra del Dr. Claudio Mueckay Arcos, Defensor del Pueblo, por emitir disposiciones que exceden sus atribuciones, al nombrar directores de Derechos Humanos en el Exterior con remuneraciones del Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, abusando de recursos económicos públicos en beneficio de terceros.

En su investigación, la C.C.C.C. estableció adicionalmente que existen indicios de que, con conocimiento del Dr. Claudio Mueckay, los ex Directores de los Derechos Humanos del Ecuador en Europa, Dr. Carlos Guevara Coello y Sra. Rita Gortaire Lara, perjudicaron a los familiares de los emigrantes fallecidos en España al cobrar las indemnizaciones a su nombre, utilizando poderes especiales - otorgados por los propios familiares - a través de la Defensoría del Pueblo del Ecuador -, sin entregarles el importe cobrado.

El 24 de septiembre de 2007, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó el requerimiento de desestimación del caso solicitado por el Dr. Jorge German Ramírez, ex - Ministro Fiscal General del Estado, quien no consideró la predeterminación de responsabilidades civiles realizadas por la Contraloría General del Estado y apoyó su decisión en testimonios realizados bajo la presión de consignas y ofrecimientos, como se desprende de los nuevos indicios presentados.

Es importante resaltar que las investigaciones de la Comisión Anticorrupción son analizadas y aprobadas por el Pleno, máxima autoridad de esta institución, contrariamente a lo declarado por el imputado en el caso que pretende señalar como acusador al Dr. Alfredo Alvear Enríquez, entonces Director Ejecutivo de la C.C.C.C., quien únicamente cumplió el papel de Secretario del Pleno tal como correspondía a su atribución en ese momento.

La recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y la procura de su legitimidad deben, necesariamente, pasar por un proceso de depuración en el que la justicia pueda y deba ser un derecho de todos los ciudadanos, más aún cuando las denuncias de corrupción afectan a una institución que debería estar totalmente a su servicio.