Hospitales estadunidenses repatrian por su cuenta a inmigrantes gravemente heridos o enfermos que no pueden hallar centros de rehabilitación dispuestos a aceptar pacientes sin seguro, publicó hoy el diario estadunidense The New York Times.

Medicaid, el programa médico estadunidense para personas de bajos ingresos, no cubre el cuidado a largo plazo para inmigrantes indocumentados, ni para inmigrantes legales recién llegados, señaló el rotativo en su nota principal.

De acuerdo con el diario, esta situación crea un dilema para los hospitales, que están obligados por regulaciones federales a disponer que los pacientes que lo necesiten cuenten con cuidados médicos después de salir del hospital.

Las autoridades de inmigración no desempeñan papel alguno en estas repatriaciones privadas, llevadas a cabo mediante ambulancias, ambulancias aéreas y aviones comerciales.

La mayoría de los hospitales afirman que no realizan estas transferencias transfronterizas sino hasta que los pacientes están médicamente estables, y que se aseguran de dejarlos bajo cuidado de un médico en sus países de origen.

Pero los hospitales operan en un vacío, sin asistencia o supervisión gubernamental, dejando un amplio espacio para transgresiones legales y éticas a ambos lados de la frontera, sostuvo el periódico en un amplio artículo sobre el tema.

Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes ven estas repatriaciones como una especie de "tiradero internacional de pacientes", en que las ambulancias se llevan a los enfermos en la dirección equivocada, lejos de los hospitales de primera categoría y hacia un cuidado médico de menor calidad, si acaso.

"La repatriación es prácticamente una sentencia de muerte en algunos de estos casos", dijo el doctor Steven Larson, experto en salud de inmigrantes y médico de emergencias del Hospital de la Universidad de Pennsylvania.

"He visto pacientes ser introducidos a empujones en un avión para ser sacados del país, y una vez que están fuera de vista, son olvidados", añadió.

Los administradores de los hospitales ven estos casos como costosas transferencias que los obligan a asumir una responsabilidad por los disfuncionales sistemas de inmigración y salud.

En muchos casos, argumentan, la única alternativa a las repatriaciones es mantener indefinidamente a los pacientes en los hospitales, con la consiguiente degradación de los servicios.

"Para nosotros, esto introduce una carga en nuestro sistema, de tal forma que no podemos proveer un cuidado adecuado para nuestros propios ciudadanos", dijo Alan Kelly, vicepresidente de la organización Scottsdale Healthcare, que administra una red de centros de salud en Arizona.

Ninguna agencia o grupo da seguimiento a estos casos, por lo que es difícil cuantificarlos, señaló el Times. Sin embargo, algunos hospitales y consulados ofrecieron estadísticas que dan una idea del fenómeno.

Alrededor de 96 inmigrantes al año son repatriados por el Hospital St. Joseph’s en Phoenix, Arizona; de seis a ocho por el Centro Médico Broward en Fort Lauderdale, Florida; 10 devueltos a Honduras por hospitales de Chicago desde 2007; unos 87 casos de inmigrantes mexicanos manejados por el consulado de México en San Diego, California, la mayoría de los cuales terminaron en repatriación.

Muchos hospitales repatrian inmigrantes gravemente heridos o enfermos sólo como último recurso. Otros son más agresivos y rutinariamente envían de vuelta a sus países a inmigrantes que no tienen seguro, ya sean indocumentados o no.

Un hospital de Tucson, Arizona, incluso trató el año pasado de enviar a México por avión a un bebé estadunidense enfermo cuyos padres eran inmigrantes indocumentados. La policía, llamada al aeropuerto por un abogado, impidió el traslado.

Margaret McBride, vicepresidenta de servicios del hospital St. Joseph’s en Phoenix, dijo que las familias rara vez están contentas con la decisión del hospital de repatriar a sus parientes. Pero añadió: "No requerimos el consentimiento de la familia".

El diario refirió, entre otros, el caso de Luis Alberto Jiménez, un inmigrante indocumentado de Guatemala. Hace ocho años, cuando tenía 35 años de edad, Jiménez –quien trabajaba como jardinero- sufrió graves lesiones cerebrales en un accidente de tránsito en que estuvo involucrado un estadunidense ebrio.

Un hospital comunitario en la localidad de Stuart le salvó la vida y, al no hallar un centro de rehabilitación que se hiciera cargo de él, lo retuvo como garantía por años a un costo de 1.5 millones de dólares. Lo que siguió abrió el camino a una batalla legal aún sin resolverse y con repercusiones nacionales.

Jiménez fue repatriado por el hospital Martin Memorial. Después de obtener una orden judicial -más tarde invalidada-, el hospital fletó una ambulancia aérea por 30 mil dólares y "devolvió a la fuerza a Jiménez a su país de origen", como dijo un funcionario del nosocomio.

Desde su repatriación, Jiménez no ha recibido atención médica y está confinado a una silla de ruedas, bajo cuidado de su anciana madre. Su condición se ha deteriorado en el último año, con convulsiones, accesos de vómito y desmayos.

El caso de Jiménez es aparentemente el primero en poner a prueba la legalidad de las transferencias transfronterizas de pacientes sin consentimiento de familiares o tutores.

"Somos los monos de laboratorio en este tema", dijo Scott Samples, un portavoz del Martin Memorial.