| on 09-08-2008
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MADRID | PATRICIA VILLARRUEL La decisión de la Fiscalía de no internar a la agresora y sus cómplices preocupa a asociaciones de inmigrantes como Rumiñahui. Vladimir Paspuel, uno de sus representantes, cree que “es peligroso porque no se está preservando la seguridad de la menor ecuatoriana, que está obligada a convivir en un pueblo pequeño con quienes la golpearon salvajemente”.
Era el último día de julio y tanto España como Ecuador veían horrorizados la secuencia de imágenes en las que la tarde del pasado 23 de julio, una adolescente española daba una paliza a la menor ecuatoriana María José A.C., en un terreno descampado de Colmenarejo.
Apenas 24 horas después, el 1 de agosto, la Guardia Civil de Galapagar apresó a Belén, la joven agresora, hija de una concejal del Ayuntamiento de la localidad madrileña.
Sin embargo, recién ayer el Cuerpo Armado hizo pública la detención por un delito de lesiones de la compañera de instituto de María José, una vez que culminaron las pesquisas abiertas en torno al caso.
Durante días, la cascada de patadas y puñetazos circuló en los teléfonos celulares de los vecinos del pueblo. La joven que grabó y difundió la pelea también fue apresada el lunes pasado, acusada de atentar contra la intimidad y por omisión de socorro. Ese día las autoridades judiciales escucharon la versión de lo ocurrido en boca de María José.
Otra adolescente, presumiblemente quien jaleaba a Belén diciéndole “mátala, mátala”, “písale la cabeza”, fue a mediados de semana imputada, pero no apresada.
Las tres muchachas, de un total de cinco identificadas de edades comprendidas entre 15 y 16 años, no ingresarán a un centro de internamiento. Ellas declararon acompañadas de sus progenitores.
La Fiscalía de Menores resolvió que permanezcan en libertad con cargos, pero bajo la responsabilidad de sus padres hasta que se determine el inicio del juicio. Sin embargo, este pudiera tardar varios meses en celebrarse por el monumental atasco que sufre la justicia madrileña.
Entre tanto, la Embajada de Ecuador prepara junto a un bufete de abogados las acciones legales que emprenderá la familia de María José.
El Gobierno de Rafael Correa sufragará, a través de la Secretaría Nacional del Migrante, los costos del servicio jurídico, “que no serán onerosos”, en palabras del embajador Nicolás Issa. Este lunes los letrados que han trabajado en ocasiones anteriores atendiendo asuntos de la representación diplomática, se entrevistarán con la madre de la adolescente.
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