EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

El temor que sienten los migrantes indocumentados de verse involucrados en una redada policiaca y potencialmente ser deportados a sus países de origen, no es otro que el pensar que pueden retornar al pasado del cual vienen huyendo. El temor no es a la redada misma o incluso al proceso de deportación, que incluye la criminalización de la migración; el pánico es pensarse sobreviviendo nuevamente en la tierra que los expulsó por falta de oportunidades.

Lo que aterra es regresar a la historia de la que están huyendo y que necesariamente volverían a vivirla. Las condiciones en sus lugares de origen son harto difíciles. La miseria en todas sus facetas los espera. Esta misma semana me lo dijeron algunos migrantes: “si me deportan me regreso a Estados Unidos, ya no quiero vivir en mi país”. Desde 2006 que dieron inicio una serie de operativos masivos por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a indocumentados en algunas plantas procesadoras de carne en Iowa y Nebraska, los migrantes recorren las calles y asisten a sus centros de trabajo con el temor de caer en una redada, debido a que esta política migratoria ha extendido su radio de acción a una multiplicidad de centros de trabajo, y no solamente en plantas procesadoras de carne.

El temor de regresar a sus países de origen provocó que la nueva estrategia del gobierno estadunidense de autodeportación voluntaria no tenga los resultados esperados. Mediante esta política migratoria el gobierno de Estados Unidos ofrece un plazo de 90 días a los migrantes indocumentados, sin antecedentes penales, para arreglar sus asuntos en el país y acojerse al programa piloto llamado Operación Partida Programada puesto en marcha desde cinco ciudades estadunidenses: San Diego y Santa Ana, en California; Phoenix, Arizona; Chicago, Illinois, y Charlotte, Carolina del Norte. Los indocumentados interesados en la autodeportación pueden acudir personalmente a las oficinas del ICE en esas ciudades y entregarse; entonces recibirán un periodo de gracia de algunas semanas para hacer arreglos familiares y personales antes de regresar a sus países de origen. El plazo para acogerse al programa termina este mismo viernes 22 de agosto (La Opinión, 5 de agosto de 2008). Este nuevo programa contempla que más de 540 mil indocumentados que han desobedecido una orden de deportación, tomen la opción de poner en regla sus asuntos y se presenten en una oficina de migración para regresar a su país.

Ahora bien, muchos migrantes lejos de decidir por la autodeportación a sus países de origen, han comenzado una nueva ola migratoria hacia Canadá. Es el caso de la ciudad de Windsor, en el condado de Essex, provincia de Ontario, en la frontera con Detroit, Michigan, que se ha convertido desde hace 10 meses en un imán para los migrantes que están llegando a pedir asilo. Esta ciudad cuenta con una población de aproximadamente 218 mil habitantes, y está experimentando un nuevo fenómeno migratorio desde agosto de 2007. Desde ese entonces y hasta finales de mayo de este año, mil 300 personas han llegado a ella en busca de refugio debido a la difícil situación que enfrentan los migrantes “sin papeles” en Estados Unidos. La migración ha hecho de Windsor la segunda ciudad de más rápido crecimiento en Ontario, es la cuarta ciudad del país con mayor proporción de residentes nacidos en el extranjero y cada año le da la bienvenida a aproximadamente 2 mil 500 migrantes de diversos países (La Opinión, 23 de junio de 2008).

¿Cómo pensar en regresar a México con los niveles tan altos de desempleo? Los migrantes conocen la difícil situación que persiste en nuestro país. La desocupación abierta tuvo un incremento anual de 5.4 por ciento durante el segundo trimestre de 2008 y afectó a 81 mil personas más que hace un año, hasta ampliar su límite a un millón 593 mil habitantes mayores de 14 años. Sólo cuatro de cada 10 mexicanos en edad y condiciones de laborar logran colocarse en la economía formal; los otros seis engrosan las filas de la informalidad. De un total de 28.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados, 13.8 millones, que representan 48 por ciento del total, carecen de un contrato de trabajo por escrito. La “calle” se significa como la mayor generadora de empleos de la economía mexicana a lo largo de este sexenio.

La población ocupada en los micronegocios aumentó en 468 mil 692 personas. De ellas, 263 mil se emplearon en sitios “sin establecimiento” y 205 mil “con establecimiento” (La Jornada, 15 de agosto de 2008). Frente a esta pesada losa, resulta poco pertinente la afirmación de Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que “ni los mares, desiertos calcinantes o muros de alta tecnología pueden contener a los migrantes”.

En todo caso debería de decir que son las precarias condiciones de vida existentes en nuestro país las que no detienen, por el contrario, expulsan a millones de mexicanos. Pero llega más lejos: urge al gobierno estadunidense a realizar una reforma migratoria en la que se reconozca el papel de los trabajadores mexicanos “en la construcción de la prosperidad de Estados Unidos y la profunda interdependencia que existe entre ambas naciones”. Pero no urge a nuestro gobierno para que ponga en marcha una política económica y social que beneficie a los mexicanos, y haga que no migren. De nueva cuenta, el gobierno supone que el problema de la migración solamente es asunto del gobierno norteamericano (La Opinión, 21 de agosto de 2008).

Pero las deportaciones tienen otra cara: los niños. Durante los primeros siete meses del año, al menos 90 mil niños mexicanos han sido deportados por el gobierno de Estados Unidos, a esto se suman al menos 300 mil adultos. En los últimos cinco años el número de deportaciones de mexicanos han aumentado más de 60 por ciento. De los menores deportados cerca del 15 por ciento, unos 13 mil 500, se quedan a “vivir” en la franja fronteriza de nuestro país, sin ninguna protección; en el mejor de los casos son atendidos por instituciones religiosas u organizaciones no gubernamentales. Cuando los niños son deportados sus parientes en Estados Unidos muchas veces no los buscan por el temor a ser detenidos también, razón por la cual son abandonados en la frontera.

Por otro lado, por cada tres adultos deportados de Estados Unidos, queda un niño de origen mexicano abandonado en esa nación. Consecuentemente con esto, los menores migrantes no deben de ser deportados sino repatriados, aunque en los hechos, se estima que sólo 25 por ciento llegan directamente hasta su estado de origen, el resto sufre la misma suerte que los adultos que son conducidos hasta la frontera y ahí son abandonados a su suerte. La deportación es una expulsión, y la repatriación obliga al país que la realiza a responsabilizarse del cuidado y tutela de los niños (La Jornada, 11 de agosto de 2008).

Por vía de mientras, el flujo migratorio no cesa, la cifra actual de migración anual es de 580 mil mexicanos; las deportaciones no se detienen, durante 2007 Estados Unidos rompió récord en el número de deportaciones con 276 mil 912, con lo que ingresaron diariamente a los 15 centros de detención alrededor de 30 mil migrantes, además de un número indeterminado en las siete cárceles subcontratadas por la dependencia con empresas particulares (La Opinión, 21 de agosto de 2008); y el gobierno del “cambio con continuidad” no atina en la puesta en marcha de una política migratoria adecuada y de condiciones económicas que jueguen como imán para atraer a miles de compatriotas de regreso a su país.

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