www.elcomercio.com

En Cuenca, los apoderados de estudiantes cuyos padres viven en el extranjero deben presentar un poder legal.

Cuando María Bravo, de 58 años, fue a matrículas  a los hijos de su patrona se sorprendió. Un letrero en la puerta de ingreso al colegio Benigno Malo, de Cuenca, anunciaba que como apoderada debía presentar un poder notariado, emitido por la madre de los chicos.

Ella solicitó el escrito ante un abogado y lo certificó ante un notario. Ese trámite lo realizó en un día y le costó USD 18. En cambio, a Julia Pineda le resultó difícil matricular a su nieta Diana Barbecho en el mismo colegio. Primero porque no le hicieron válido el poder sin la firma de la madre de la niña que radica desde hace algunos años en EE.UU. y tampoco tenía la certificación de un notario.
Un requisito educativo  

El Consejo Directivo del colegio adoptó el pedido de ese poder para el apoderado del estudiante, señala el rector del plantel, Mauro Bravo. Esto por el elevado número de estudiantes que en el transcurso del año se queda sin representante legal y sin control sobre el rendimiento escolar.

“La mayoría de estos problemas se registra entre los hijos de emigrantes”, precisa Bravo. Esta situación también aumenta el número de niños y jóvenes que pierden el curso. El año lectivo anterior repitieron el año 205 de los 2 000 alumnos, y en la actualidad corren el riesgo de no tener matrículas.

La directora de Educación del Azuay, Dolores Vanegas, señala que es ilegal ese pedido. Pero también critica la desidia de los padres y apoderados.

Según Bravo, con ese documento pueden obligar al apoderado a que asuma su responsabilidad. En el caso de que el alumno -por problemas familiares- pase al cuidado de otro pariente se deja constancia de ese hecho para que las autoridades educativas (orientador vocacional, inspector..) den seguimiento y actúen a tiempo.

Media de votos