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LD (L. Ramírez) El nuevo Real Decreto del Ministerio de Trabajo ha fracasado antes de comenzar su implantación. La nueva Ley de Retorno Voluntario aprobada en Consejo de Ministros el pasado viernes –que permite a los inmigrantes en paro volver a sus países con el montante total del subsidio de desempleo que les corresponda por su trabajo en España- no servirá para nada, según las asociaciones de inmigrantes consultadas por LD.

Cambio de orientación

Morales atacó la política del actual titular del Ministerio de Trabajo porque “se ha cargado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado por el Gobierno en febrero de 2007”. Esta medida “estaba orientada a potenciar la cohesión social a través del fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de la población inmigrada a la sociedad española y el respeto a la diversidad”.

“El ministro Corbacho ha tirado por tierra el proyecto de integración, cuestionando la conveniencia de la contratación en origen, y ahora abriendo la puerta para que los inmigrantes que han ayudado a España a crecer se vayan. Nosotros proponemos trabajar todos juntos para recuperar la economía, nacionales y extranjeros”, explicó el presidente de la Federación.

Finalmente, Morales denunció que “las autoridades administrativas están poniendo trabas a las renovaciones de tarjetas de residencia a personas que siempre han cumplido con la ley y con los requisitos para obtener este tipo de permisos”. La burocracia es, así, otro elemento “que utiliza el Gobierno para provocar la huída de España”.

Medida “racista” y anticonstitucional

Más duro fue aún el representante de la Asociación Avanzar, Román Pineda, quien tildó la medida de Corbacho de “racista” porque atenta contra el principio constitucional que defiende la igualdad de derechos de los residentes legales en España y su no discriminación por razón de raza o país de origen.

“Era de esperarse, ya estorbamos y lo que quieren es que nos vayamos. Están preocupados porque cobramos el paro, pero es algo a lo que tenemos derecho los que hemos trabajado, los que hemos dejado todo para poner el hombro y sacar adelante el país. Y así nos pagan”, declaró Pineda.

Además, la Asociación Avanzar denuncia que “el carácter voluntario del programa es lo de menos”, ya que, según Pineda, los mandos policiales están presionando a los agentes para “acosar” a los inmigrantes en ciudades como Madrid. A su juicio, “este acoso ha sido latente en los últimos meses en un afán del Gobierno por reducir el número de indocumentados antes de modificar la normativa sobre extranjería”.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) admite este tipo de prácticas, aunque cuestione su legitimidad. “"Rechazamos la política de justificación estadística consistente en identificar a ciudadanos extranjeros para detectar a inmigrantes ilegales", afirma la organización policial, que califica dicha actuación como "una burda trampa", que emite "una falsa imagen de eficacia policial y es contraria a los valores de la Constitución".

Y es que la afiliación media de trabajadores extranjeros bajó en agosto en 40.000 personas, un 1,8 por ciento menos que en el mes de julio, con lo que el total de inmigrantes inscritos en el sistema se situó en 2.111.878, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo. “La situación es dura, pero me pregunto por qué no proponen que entre todos saquemos la economía a flote sin necesidad de echarnos”, concluyó Pineda.

Descomposición familiar

Por su parte, en la Asociación de Colombianos de Valencia (Acolval) se mostraron igualmente críticos ante la falta de información y las dudas que genera un plan que puede "dejar sin nada a los que no han podido renovar la tarjeta de residencia".

La presidenta, Blanca Orozco, puso como ejemplo los casos de descomposición familiar que pueden darse en los núcleos que se acojan a este retorno voluntario y se mostró especialmente preocupada por las situaciones en que los inmigrantes no puedan recuperar lo cotizado si no se les renueva la residencia. "¿Qué clase de política es esta?", se preguntó.

Según la ley en trámite, el inmigrante que se acoja al Plan Retorno, debe comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes. Una vez finalice este periodo, puede volver a solicitar la entrada para trabajar, pero el Gobierno no garantizará en ningún caso, ese regreso.

Sin embargo, si la solicitud se produce a los cinco años de haber salido, el Gobierno español le dará prioridad los programas de contratación en origen. En este caso, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación y recibirá un permiso permanente.

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