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 “Lo que estamos viendo es que este programa no soluciona nada, es una medida mediática. Hay muchísima desinformación en todo esto y no solo exigen una serie de requisitos sino que obligan al inmigrante a perder la residencia”, señala desde Madrid Wladimir Paspuel, de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, que agrupa a los ecuatorianos residentes en España.

El plan de retorno que entró en vigor en España es rechazado por las asociaciones de inmigrantes. Con una semana de vigencia ninguno se ha dejado seducir por este programa del Gobierno español, que está concebido para evacuar a sus países de origen a los extranjeros desempleados a cambio de una compensación económica. Una medida que, según las autoridades españolas, se adopta ante la crisis de empleo que enfrenta el país.

Según cifras del Instituto Nacional de Empleo (Inem), los extranjeros desempleados en España suman 337.493 personas, de ellas, 239.200 son extracomunitarias, es decir, no pertenecen a la Unión Europea, y es justamente para este segundo grupo que está dirigido el programa de retorno que permite el pago acumulado de las prestaciones por desempleo, llamado también “paro”. Sin embargo, la gran mayoría se niega a abandonar el sueño de mejorar sus condiciones de vida en el país ibérico y retornar a sus patrias.

 “Lo que estamos viendo es que este programa no soluciona nada, es una medida mediática. Hay muchísima desinformación en todo esto y no solo exigen una serie de requisitos sino que obligan al inmigrante a perder la residencia”, señala desde Madrid Wladimir Paspuel, de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, que agrupa a los ecuatorianos residentes en España.

El subsidio dirigido a estimular el regreso se abona en dos plazos: un 40% se pagará en España, luego de reconocido el derecho, y el 60% restante se paga en el país de origen del inmigrante, a los 30 días del retorno, a través de los consulados o instituciones diplomáticas de España.

Para ello, el trabajador deberá estar inscrito como demandante de empleo y habérsele concedido el subsidio por desempleo. Además, deberá abandonar el país 30 días después de haber recibido el primer pago en España y comprometerse a no volver a España a trabajar en los tres años siguientes,
A juicio de Paspuel, aquí aparece el primer escollo del plan. Sobre la cuota que el retornado recibirá en suelo patrio pesarán las deudas que haya generado por distintos conceptos: hipotecas, créditos por la compra de un automóvil, otros créditos contraídos.

“Cuando la persona esté esperando ese 60% restante, tal vez a los 30 días le llegue un cheque en blanco, porque no solo debe costear su pasaje, sino asumir ciertas deudas pendientes antes de su partida”, explica Paspuel.

La misma observación hace Rosario Sanabria, del colectivo de inmigrantes peruanos en Madrid, quien comenta que muchos de sus compatriotas han preguntado cómo es este plan, pero no se han inscrito porque no les interesa.

“No hay entusiasmo de la comunidad por prenderse a este plan. Realmente no es conveniente. La mayoría de la gente se ha metido en créditos para comprar un auto, para tener una casa, y han generado deudas que deberían liquidar antes de pensar en retornar al país por medio de ese plan, que está hecho para que el Estado español se asegure de cobrar esas deudas”, explica.

Según los cálculos hechos por las asociaciones de inmigrantes, sobre la base de los sueldos promedio de la comunidad, el subsidio equivaldría entre unos 12.000 a 15.000 euros máximo, lo cual consideran insuficiente para cubrir sus deudas o montar algún negocio en sus países de origen. Razón que, aseguran, es suficiente para que durante los primeros siete días de vigencia del programa no se haya registrado ninguna inscripción en firme, según informó Paloma Pastor, del Ministerio de Trabajo e Inmigración español.

Sin embargo, Pastor defendió el plan y anunció que en un futuro se abrirá la posibilidad de ayudar con microcréditos a los extranjeros que quieran retornar a sus países, pero todavía no se han tomado medidas. 

Aunque en un principio la cifra de inmigrantes que se es-peraba se acojan al plan era de 100.000 ahora se calcula en 10.000.

Para Hernán Holguín, subsecretario de Ciudadanía y Solidaridad de la Subsecretaría Nacional del Migrante de Ecuador, el plan “no es viable”. “Para alguien que ya había decidido volver puede resultar un buen plan, pero aquel que no, es difícil que lo acepte”.

En este sentido, destaca que este plan español difiere mucho del Plan Bienvenido que ofrece el Gobierno ecuatoriano y que da incentivos económicos a los ecuatorianos que deciden volver al país, incluso les ofrece traer todo el menaje de casa, lo que no ocurre con el programa de retorno del país ibérico.

“Empujar a los inmigrantes en desempleo a retornar a sus países en una situación incierta, sin perspectivas de conseguir una fuente de ingresos económicos, no es conveniente.  Esto no es procedente, pero siempre vemos que cuando hay crisis los echan sin oportunidad a nada”, comentó.

Holguín señaló que en España hay 23.500 ecuatorianos que perciben la prestación por desempleo.

Según un informe oficial, la comunidad marroquí en España es la más afectada por la crisis de desempleo, con 82.262 personas paradas, siguen los  ecuatorianos con más de veinte mil y los rumanos con 19.653 parados.

Otro escollo para que la comunidad no se acoja al plan tiene que ver con algunos de los requisitos que se exigen. El plan está hecho para aquellos inmigrantes que se hayan legalizado y que durante el último año se hayan quedado sin empleo. Y el problema está en que un gran número de inmigrantes no está legalizado. 

Según datos oficiales, en España residen 2,6 millones de extranjeros, un millón de los cuales están en situación irregular. Los principales grupos vienen de Ecuador (primera comunidad latinoamericana en España), Bolivia, Colombia, Rumania, Marruecos o Bulgaria, pero es imposible dar cifras exactas de cuántos son en realidad porque no están censados, señala Pastor.

Álvaro Zuleta, de la asociación de inmigrantes de Colombia,  destaca la incertidumbre que hay en la comunidad por la medida, ya que siente que la situación en España está cambiando radicalmente.

Opina que hay que tomar en cuenta que los inmigrantes, “a diferencia de los españoles”, pueden tener una mayor capacidad de resistir la crisis, por su movilidad. “Algunos están solos y otros están dispuestos a hacer ciertos trabajos que probablemente los autóctonos no.  Seguirán buscando un empleo aun en esta situación y no se irán”.

Solo pueden acogerse al plan los inmigrantes que provengan de países con convenios de Seguridad Social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Rusia, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Estados Unidos, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

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