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El vocero de Rumiñahui señala que hay "muchos más factores" que han influido en la pérdida de interés por el programa. "Los que podían cotizar cantidades importantes llevan muchos años en España, tienen hipotecas y sus familias viven aquí. Regresar ahora supondría un segundo desarraigo", apunta. 

El Gobierno previó en verano que cerca de 100.000 personas se acogerían al Plan de Retorno voluntario para inmigrantes. Sin embargo, tras arrancar el pasado 17 de noviembre con 256 solicitudes en la primera semana, el ritmo se redujo y sólo ha sumado 511 en las tres semanas siguientes (767 en total). Aunque las solicitudes se han multiplicado por siete con la iniciativa, al ritmo actual se tardarían 11 años en alcanzar los 100.000 retornos previstos.

El objetivo del plan es "favorecer el retorno de extranjeros que hayan perdido su puesto de trabajo a sus países", según el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. La oferta permite a los extranjeros en paro capitalizarlo a cambio de cumplir con unas condiciones que la mayoría de los inmigrantes considera demasiado severas: renunciar a sus permisos de residencia y empleo y comprometerse a no volver a España en tres años.

"Tienes que haber cotizado durante mucho tiempo para tener derecho a cobrar una cantidad importante de dinero", dice Raúl Jiménez, portavoz de la asociación ecuatoriana Rumiñahui. La cuantía media abonada hasta ahora es de 9.670 euros, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Miedo al desarraigo

Jiménez también señala que hay "muchos más factores" que han influido en la pérdida de interés por el programa. "Los que podían cotizar cantidades importantes llevan muchos años en España, tienen hipotecas y sus familias viven aquí. Regresar ahora supondría un segundo desarraigo", apunta.

De los 20 países que podrían beneficiarse de las ayudas, Marruecos es el país con más nacionales en España: 644.688. Sin embargo, sólo dos marroquíes han solicitado las ayudas durante el primer mes de vigencia. La lista la lidera Ecuador (318), seguido de Colombia (129), Argentina (105) y Perú (60).

El 37% de los solicitantespertenece a la construcción, el 31% a actividades inmobiliarias y alquiler de servicios a empresas (incluido el doméstico), el 9% al comercio y el 8% se dedica a la hostelería.

"El Gobierno ha intentado hacer una medida anticrisis más que de gestión de la inmigración. Y se ha equivocado al no consultar a las asociaciones", critica el presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni.

Además, los sin papeles desempleados por la crisis quedan fuera de estas ayudas. Es el caso de Araus, un boliviano de 26 años que llegó hace dos a Madrid para trabajar como oficial de albañil. Lleva seis meses sin trabajo y reclama que el Gobierno amplíe las ayudas a todo el colectivo: "Somos los que peor lo estamos pasando".

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