MADRID | REDACCIÓN | www.eluniverso.com

El proyecto de reforma a la Ley de Extranjería española criminaliza al inmigrante en situación irregular, incumple convenios internacionales, restringe los derechos y atenta contra el menor, denunció el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Estas críticas, recogidas y publicadas ayer por el diario El Mundo, se sumaron a otras expresadas previamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Económico y Social, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y casi todas las ONG y colectivos de extranjeros.

Entre los aspectos rechazables de la polémica reforma, según los abogados españoles, está la restricción de derechos a los extranjeros, como el acceso de ayudas para vivienda que solo son para los residentes de larga duración.

Asimismo excluye a los inmigrantes irregulares de las enseñanzas postobligatoria y universitaria.

Los abogados denuncian además que la disposición de que solo se pueda reagrupar a mayores de 65 años es discriminatoria, y que hay una excesiva percepción de criminalización en el texto.

Al respecto, insisten en que no es lo mismo el control de la inmigración irregular y la lucha contra la inmigración ilegal.

También, según los abogados, la reforma legal atenta contra el menor, pues incumple “convenios internacionales de protección de los derechos del niño y atenta gravemente a la seguridad jurídica del menor, al permitir su repatriación incluso después de tener su permiso de residencia”.

Asimismo “concibe el internamiento como un instrumento represivo”. El Consejo cree que “al ampliarse el tiempo de retención en los centros de internamiento de 40 a 60 días se pretende que el inmigrante cumpla el máximo de ese plazo, eliminando la posibilidad de autorizar internamientos menores”.

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