La violencia de género tolerada o perpetrada por los agentes del Estado no sólo afecta a las víctimas directas, también alimenta el círculo de la pobreza, impide el desarrollo productivo y desequilibra el desarrollo nacional, en particular cuando afecta a mujeres en condiciones de pobreza, migrantes, indígenas, afrodescendientes y a quienes viven en contextos de conflictos armados, revela el informe ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe.
El documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y diversos organizaciones de Naciones Unidas, señala que tan sólo en el caso de las agresiones físicas, sexuales y sicológicas contra mujeres migrantes, la frontera entre México y Estados Unidos es considerada “uno de los lugares más peligrosos del mundo en el que las mujeres son víctimas de violencia sexual, prostitución forzada, trata y
feminicidio”, mientras que en la frontera con Guatemala y Belice, se estima que 70 por ciento de las migrantes son víctimas de violencia, de las cuales 60 por ciento sufre algún tipo de abuso sexual, que va desde la coacción sexual hasta la violación.
En la mayoría de los países latinoamericanos la violencia de género institucional, es decir, aquella en la que participan quienes están facultados para ejercer la autoridad del Estado, se expresa mediante la “criminalización de la víctima por elementos policiacos o en los juzgados, pero también por la negligencia para investigar las causas detrás de las demandas en los servicios de salud, la repetición traumática de la experiencia de las víctimas en los procesos judiciales, la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos y la baja prioridad que estos servicios tienen en las políticas y presupuestos”.
Por lo que respecta a la violencia contra las mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe, el informe revela que pese a que 80 por ciento se concentra en Centroamérica, México, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú, investigaciones recientes sobre etnicidad, género y pobreza señalan que son las más afectadas por la “exclusión y las distintas expresiones de discriminación, que se traducen, por lo general, en situaciones de alta marginalidad en el mercado laboral y bajos niveles educacionales”.
Agrega que tan sólo en Estados Unidos cifras del Departamento de Justicia indican que las mujeres indígenas tienen 2.5 veces más probabilidades de ser violadas o sufrir agresiones sexuales que el resto de las mujeres de ese país, “pues más de una de cada tres indígenas serán violadas en el transcurso de su vida”. A esto se suman los desplazamientos forzados de comunidades indígenas en países como México, Colombia, Guatemala y Perú, debido al aumento exponencial de los niveles de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, principalmente. Estos desplazamientos, alerta el informe, “entrañan la desintegración familiar y de las comunidades, y por ende, tienen consecuencias nefastas en el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y, en general, en el bienestar de niñas y adolescentes”.
