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Washington.- La Corte Suprema de Justicia estadounidense falló este lunes que el gobierno se extralimitó al usar una ley criminal que pena el robo de identidad para enjuiciar a trabajadores ilegales que usen documentos falsos para conseguir trabajo.

La Corte falló a favor del mexicano Flores Figueroa en un caso presentado por el gobierno. Para acusar a alguien bajo esa ley aprobada en 2004 "el gobierno debe probar que el acusado sabía que el documento de identidad pertenecía a otra persona", afirma la decisión, reseñó AFP.

Esta ley de robo de identidad -que conlleva una pena mínima de dos años de prisión- es utilizada muchas veces por fiscales para procesar a inmigrantes ilegales en Estados Unidos, donde hay 12 millones de indocumentados, la mayoría de ellos con origen hispano.

Flores Figueroa utilizó en el año 2000 un número de Seguridad Social inventado para conseguir un trabajo en una acería en Illinois. Pero seis años más tarde, para seguir trabajando, presentó documentos con números que pertenecían a otras personas.

Durante el proceso en su contra, el acusado se declaró culpable de varios cargos migratorios --por los que pagó 51 meses de prisión-- pero inocente del delito de robo de identidad, alegando que él no sabía que los documentos que utilizó pertenecían a otra persona.

El fallo de la Corte Suprema de este lunes invalidó uno anterior de una corte de apelaciones, que había señalado que bastaba con que el gobierno probara que el acusado sabía que los documentos eran falsos, sin necesidad de conocer que pertenecían a otra persona.

El juez que escribió la decisión, Stephen Breyer, afirmó que su postura no afecta la lucha contra el robo de identidad, al señalar como ejemplo que las personas que usan tarjetas de crédito de otras personas lo hacen sabiendo que no les pertenecen.

La decisión de la Corte fue saludada por la ONG Fundación Estadounidense para las Leyes Migratorias.

"La Corte envío un claro mensaje de que el gobierno no debe utilizar indebidamente un estatuto criminal que busca combatir el robo de identidad para golpear a los trabajadores sin papeles", indicó Nadine Wettstein, directiva de la fundación.

La organización recordó que en 2008 el gobierno acusó a 300 trabajadores de Iowa de violar esta ley, por lo que ante la posibilidad de pasar al menos dos años en prisión, los acusados se declararan culpables de cargos menores y aceptaran ser deportados.

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