F. Javier Aguayo - http://www.diagonalperiodico.net -  

Uno de los sectores más afectados por el aumento del trabajo informal derivado de la crisis económica es el de los inmigrantes. La Ley de Extranjería obliga a los residentes extranjeros en situación legal a tener un contrato de trabajo al menos la mitad de los primeros cinco años de residencia legal, una barrera casi insalvable para gran parte de ellos en una situación como la actual. “Eso ha dado lugar a la aparición de mafias de empresarios y gestores que venden contratos por 2.000, 3.000 y hasta 8.000 euros, para que la Administración no te rechace la renovación por no haber trabajado lo exigido de manera legal”, afirma Yousef Ben Iznair, miembro de la asociación de inmigrantes árabes Horizontes.

Según el sindicato USO, más de medio millón de trabajadores inmigrantes se han pasado a la economía sumergida desde finales de 2008. “Si la Encuesta de Población Activa (EPA) habla de que hay 1.057.600 extranjeros parados y en el Instituto Nacional de Empleo (INE) hay inscritos 500.017, eso supone que ese medio millón de diferencia está viviendo del mercado negro”, afirman desde dicho sindicato. En esa misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, afirmaba hace algunos días que la economía sumergida se sitúa actualmente en los mismos niveles previos a la regularización extraordinaria del año 2005, para la que más de 700.000 personas llegaron a presentar su solicitud.

“Ha surgido lo que en el argot llamamos trabajador ‘caballero’, nunca dice que no al jefe y hace horas extra sin cobrar. Los empresarios se están aprovechando de la crisis para ganar más. Con decir que no hay trabajo y cobran poco, hay que hacer lo que ellos quieran”, afirma Ben Iznair.

Campaña de intimidación

Hasta el momento, la respuesta de la Administración frente a la crisis económica ha sido reforzar los controles a los inmigrantes en situación irregular. “El mensaje es muy claro, sobra gente que hay que quitarse de en medio. La policía se pone un objetivo de tantas expulsiones en un período y, sobre todo, se hace de una manera muy violenta e indiscriminada, incluso con los que ya tienen papeles y están trabajando. La idea es decirle al trabajador inmigrante ‘o bien te sometes a lo que hay y aceptas trabajar en negro y en situación de precariedad o te vas a tu país, porque si no, no tendría sentido esta radicalización de la violencia”, afirma Federico Pacheco, miembro del Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) de Almería, al hablar de la última redada policial en El Ejido, “centrada en la población marroquí, que es la más fácil de expulsar por la cercanía con su país, tras esta redada, muchos acabaron en el hospital”, concluye Pacheco. En la misma línea se expresa Ben Iznair: “La gente vive en situación de terror permanente.

Algunos cuentan hasta con dos órdenes de expulsión, lo que significa que legalmente ya no podrán obtener la residencia en España. Se puede afirmar que, literalmente, el que no ha sido cazado en un control policial es porque no sale de casa”. Uno de los grandes nichos de mano de obra inmigrante en situación irregular es el de la agricultura intensiva, algo especialmente llamativo en el poniente andaluz. “En esos sectores siempre ha habido mucho trabajo en negro, era donde acudían nada más llegar sin papeles y, una vez los conseguían por arraigo social, se marchaban a la construcción”, dice desde SOCSAT Federico Pacheco. No obstante, el regreso de la población autóctona y los inmigrantes con papeles han generado tensiones en el sector. “Este fenómeno de competencia ha sido potenciado por la Administración, hablando de retorno voluntario, expulsión y dejando ver que el inmigrante sobra, cuando en realidad es la primera víctima de la precarización más profunda en las relaciones laborales, en tanto que al no tener papeles se ve expulsado de su puesto de trabajo y le es imposible conseguir papeles, por el tema del arraigo”, concluye el mencionado miembro del Sindicato de Obreros del Campo.

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