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Las discusiones sobre seguridad pública traen consigo temas como la intervención militar en las fronteras y la presencia de ciudadanos extranjeros en el país. Guillermo Robayo, director del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes del Ecuador (SJR-E), sostiene que la Constitución rechaza esa visión "sesgada" y concibe la seguridad desde el desarrollo, el buen vivir y la convivencia complementaria.

La organización defiende la tesis de que la fuerza del orden no puede ser exclusivamente garante de la seguridad pública, fenómeno que se refleja en la nueva ley. La propuesta es que la seguridad sea concebida desde la protección de los derechos humanos, incluyendo la protección de los migrantes que llegan de Colombia y Perú.

Alrededor de 135 mil extranjeros en el Ecuador necesitan "protección internacional", según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Guillermo Robayo destacó que con el nuevo sistema de registro ampliado en la frontera norte más el oficial se reconoce a 33 mil personas en el país con el status de refugiados. El planteamiento del SJR-E es que la legislación contemple la seguridad tanto paro los migrantes en el país como para los ecuatorianos que se encuentran en otras naciones.

Robayo sentenció que la posesión de los nuevos legisladores debe realizarse con celeridad, porque está en juego "lo que va a pasar con nuestras fronteras, con una franja de seguridad, y si seguirá la atención nula a los pueblos limítrofes".

DCCH

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