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"Los valores humanos no pueden ejercitarse sólo cuando las cosas van bien", advierten al Gobierno en referencia a su reforma. La reforma de la Ley de Extranjería que promueve el Gobierno es "poco oportuna en estos momentos de crisis" y supone un "recorte de derechos de las personas inmigrantes". Es la denuncia que ha hecho Cáritas hoy, junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Red Acoge.

A la Ley de Extranjería  de pasa como a la educación: salimos a reglamento por gobierno. Zapatero ha emprendido la cuarta reforma de esta ley en ocho años. CiU, CC y BNG han apoyado sus primeros trámites a cambio de nuevas renuncias de competencias del Estado a favor de las regiones.

Las mencionadas organizaciones han realizado un estudio del proyecto del Gobierno y de su análisis concluyen en primer lugar que el momento elegido para acometer un cambio legislativo sobre un tema de "tanta trascendencia social no es el adecuado":

"El especial contexto socioeconómico por el que atraviesa nuestro país comporta el riesgo a que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración".

Estas entidades consideran que se ha realizado una consulta insuficiente de la reforma, tal y como ha evidenciado el  Consejo Económico y Social:

"Además, sorprende comprobar cómo el procedimiento escogido para su tramitación parlamentaria sea por la vía urgente, que limita el período para la presentación de enmiendas, y que se haya hecho coincidir con el período estival."

Cáritas y el resto de organizaciones critican también que con la reforma "se ven mermados muchos de los derecho de los inmigrantes" reconocidos por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, como los de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular:

"En el texto determinados aspectos del derecho a la educación y a la vivienda se circunscriben únicamente a aquellos inmigrantes con unos determinados requisitos administrativos de residencia.

Es precisamente ahora, en este momento de crisis, cuando se impone la prioridad del esfuerzo por mantener el reconocimiento y garantía de los derechos de los más vulnerables, y desde luego, no es momento para incrementar sanciones que afectan a personas vulnerables ni, en un ejercicio de incomprensible dureza, castigar a quienes altruista y solidariamente acogen a familiares y amigos."

Según apunta el análisis de la norma efectuado por Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Red Acoge, la reforma "debería de significar una oportunidad para construir una política de inmigración que cuente con el necesario consenso social que pueda dar lugar a un pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita sentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración".

Los firmantes del estudio lamentan que el texto utilice términos como "capacidad de acogida" o "vinculación a las necesidades del mercado de trabajo", con lo que "se cosifica al ciudadano extranjero no comunitario y se lo asimila a una mera herramienta de trabajo":

"Los valores humanos no pueden ejercitarse sólo cuando las cosas van bien, ni el reconocimiento de la dignidad de los inmigrantes puede fluctuar en función de las exigencias del mercado como si fuesen un bien de consumo sujeto a las leyes de la oferta y la demanda".

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