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El debate sobre la inmigración y el viaje de Bush a Latinoamérica PDF Imprimir E-Mail
 
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El presidente Bush sufrió una gran sorpresa en su visita de buena voluntad a Guatemala durante esta semana. Manifestantes repletaron las calles de la Ciudad de Guatemala para denunciar una redada de las autoridades de inmigración que tuvo lugar en una fábrica de artículos de cuero en New Bedford, Massachusetts el 6 de marzo. La redada resultó en el arresto de 361 personas, la mayoría de ellos inmigrantes indocumentados de Guatemala y El Salvador. Incluso el presidente de Guatemala criticó las redadas en su discurso de saludo a Bush a su llegada. Constituye una noticia importante en Guatemala ya que un 10% de toda la población guatemalteca – en gran parte trabajadores indocumentados – vive en USA.

La prensa en Guatemala – y en Massachusetts – ha estado llena de historias sobre la redada y su secuela de familias destruidas, hijos separados de sus padres, y niños retenidos en custodia federal. Según el New York Times:

 

“Enfrentando mordaces preguntas de periodistas guatemaltecos, Mr. Bush apoyó la redada, diciendo: “La gente será tratada con respeto, pero USA impondrá nuestra ley. Mr. Bush dijo que disputaba las “conspiraciones” mencionadas por el señor Berger [presidente de Guatemala] de que se apartaba a niños de sus familias. Mr. Bush desmintió semejantes informaciones. “No es la verdad,” dijo Mr. Bush, “USA no opera así. Somos un país decente, compasivo. Es el tipo de cosas que no hacemos. Creemos en las familias, y tratamos a la gente con dignidad.”

 

Ahora bien, SÍ ES VERDAD. Días después de las redadas el Departamento de Servicios Sociales de Massachusetts (DSS) informó que “... no podía conectar a 100 niños con sus familias.” Una mujer arrestada en Texas fue devuelta en avión desde Texas donde estaba detenida cuando su hija de 7 años llamó una línea de urgencia creada para unir a familias divididas por la redada para preguntar por el paradero de su madre. Dos bebés lactantes fueron hospitalizados por deshidratación cuando fueron separados de sus madres.

 

Una vez más, o Bush miente o no tiene contacto con la realidad. Los acontecimientos de esta redada han sido bien documentados y condenados rotundamente por la prensa y los políticos en Massachusetts a través de todo el espectro político. En la era de las comunicaciones globales, la gente en Guatemala no tuvo que depender de los medios; podía tomar el teléfono y llamar a sus parientes en New Bedford para descubrir lo que estaba sucediendo en realidad.

 

La redada de New Bedford tuvo sabor a algo conocido. El 6 de marzo, hasta 500 agentes gubernamentales, policías, y otros rodearon la fábrica de artículos de cuero Michael Bianco, Inc. en New Bedford Massachusetts. En su interior, anunciaron por los altavoces: “Quédense donde están. Hay agentes de inmigración en el edificio.” Sobrevino el pánico cuando los trabajadores trataron de escapar, pero las salidas estaban bloqueadas, algunas por policías con las pistolas desenfundadas. Algunos trabajadores se escabulleron a escondites, esperando que podrían esperar hasta el fin de la redada.

 

Cuando finalmente el edificio fue clausurado, los agentes instruyeron a los ciudadanos USamericanos o poseedores de la green card que fueran a un área y todos los demás a otra. Interrogaron a los trabajadores. Algunos fueron liberados algunas horas más tarde por razones urgentes de salud o de familia. Pero en su mayoría fueron cargados en autobuses y transportados a una instalación de detención en Fort Devens, una antigua base militar a unos 90 kilómetros de distancia.

 

Después de ser tramitados en Fort Devens, 70 de los arrestados fueron liberados por una serie de razones dentro de unos pocos días, 90 siguen siendo detenidos en varias cárceles en Massachusetts y Rhode Island, y 207 fueron llevados en avión lejos de sus hogares y familias a cárceles en Texas. 8 menores fueron detenidos, 3 fueron liberados y el resto es retenido en Miami.

 

El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, emprendió algunos acalorados intercambios de palabras con el Departamento de Seguridad Interior, tal como lo hicieron los senadores Kennedy y Kerry y otros miembros de la delegación parlamentaria del Estado. Patrick atacó la “carrera al aeropuerto,” para sacar a los trabajadores del Estado antes de que pudieran ser adecuadamente entrevistados. Kennedy comparó el efecto de las redadas con: “la tragedia y el sufrimiento humano que todos presenciamos después de la devastación causada por el huracán Katrina... Estos hombres y mujeres no habían dañado a nadie. Son víctimas de la explotación, obligados a trabajar bajo condiciones bárbaras por un empleador que sabía que no podían permitirse quejas. Sus niños, muchos de los cuales son ciudadanos de USA, no habían hecho absolutamente nada malo. Ninguno de ellos tenía motivo alguno de esperar que el Departamento de Seguridad Interior decidiría convertirlos en un ejemplo.”

 

Kerry solicitó una investigación de la redada en el Congreso.

 

Mientras tanto, grupos por los derechos de los inmigrantes se apresuraron a ir a los tribunales y obtuvieron una orden de un tribunal federal de detener los vuelos fuera del Estado. Pero la mayoría de los cautivos ya habían sido trasladados.

 

El Departamento de Servicios Sociales [DSS] de Massachusetts envió dos equipos de 18 trabajadores sociales a Texas para entrevistar a los arrestados. Solicitaron que 21 madres fueran devueltas de inmediato a Massachusetts. Aunque el Departamento de Seguridad Interior sostiene que ha trabajado estrechamente con el Departamento de Servicios Sociales después de las redadas, el comisionado del DSS, Harry Spence, lo niega airadamente: “Nos bloquearon en todo momento. La retórica de la Oficina Federal de Inmigración y Aduanas [ICE] ha sido totalmente diferente de la verdad.”

 

La compañía – de propiedad de Michael Bianco – produce mochilas y chalecos para los militares bajo un contrato por 138 millones de dólares, y emplea a unas 500 personas. La firma también produce artículos prestigiosos de cuero para marcas como Coach, Inc.

 

Bianco y otros cuatro fueron arrestados después de la redada y acusados de emplear a sabiendas a trabajadores indocumentados o de suministrar documentos falsos a los trabajadores. Pero, a diferencia de los trabajadores, Bianco y los gerentes fueron inmediatamente liberados bajo fianza y volvieron al trabajo el día siguiente.

 Las reglas contractuales del Pentágono alientan la producción bajo condiciones de explotación máxima como las que existen en Bianco, Inc. En los hechos, políticos de Massachusetts se quejaron al Departamento de Defensa mucho antes de las redadas por las lamentables condiciones laborales en las fábricas que producen uniformes y otros artículos para las fuerzas armadas, aunque no mencionaron específicamente a Bianco.

En una conferencia de prensa en la que se anunció la redada, el fiscal de USA, Michael Sullivan, subrayó las “horribles” condiciones en la fábrica. Por cierto, una investigación durante 11 meses, que incluyó el uso de agentes clandestinos, obtuvo evidencia de condiciones clásicas de un sweatshop: bajos salarios, sin prestaciones, duras condiciones de trabajo que incluían restricciones a las conversaciones de los trabajadores o su uso de los servicios higiénicos, y la reducción del pago a los trabajadores por infracciones a las reglas del sitio de trabajo.

 

Sin embargo, no se hizo ningún intento por imponer las leyes laborales. En lugar de hacerlo, las víctimas del abuso laboral fueron arrestados y transportados y sus hijos sometidos a lo que, virtualmente según cualquier definición, es abuso infantil por parte de las autoridades federales.

 

La historia de la redada de New Bedford se sigue desarrollando. Pero podría tener un verdadero impacto en el actual debate sobre la inmigración.

 

Muchos propugnadores de la reforma de la inmigración ven el aumento en la cantidad de redadas por parte del gobierno de Bush como una actividad para satisfacer tanto al ala contraria a los inmigrantes del Partido Republicano como al ala corporativa que desea acceso a mano de obra inmigrante barata mediante un programa de obreros extranjeros. Al crear una crisis, el gobierno de Bush espera hacer pasar una ley de reforma de la inmigración que sea de su gusto. No queda en claro si la estrategia tendrá éxito.

 

Por una parte, mucha gente con buenas intenciones – y otros con intenciones menos positivas – piden ahora una acción inmediata respecto a una reforma exhaustiva de la inmigración. El senador por Massachusetts Kennedy se prepara para volver a presentar una ley similar a la que fue presentada en la última sesión del Congreso, que atrajo apoyo bipartidario. Esa ley aseguraría una amnistía para muchos de los que ya viven en USA. Pero también crearía un programa de trabajadores extranjeros para futuros flujos de inmigrantes y aumentaría los fondos para su control. Es, como hemos escrito a menudo, una mala ley. No impedirá futuros flujos de inmigrantes; no impide nuevas redadas al estilo de New Bedford, sino aumenta los fondos para medidas de seguridad y control; y crea un programa de trabajadores extranjeros que podría institucionalizar los sweatshops, ya que es evidente que las autoridades no están interesadas en imponer el cumplimiento de las leyes laborales incluso cuando saben por sus propias investigaciones que existen flagrantes violaciones del derecho laboral.

 

Por otra parte, la redada de New Bedford podría provocar una reacción positiva. Como resultado de la visita de Bush a Latinoamérica y las protestas en Guatemala, la redada podría servir para destacar la necesidad de un enfoque hemisférico de la reforma inmigratoria. Una reforma genuina debe involucrar tanto a los países de origen como a los que reciben a los inmigrantes y mientras USA actúa para militarizar aún más la frontera y realiza más redadas draconianas, los latinoamericanos exigen más participación en el modo en el que se trata la inmigración. Los países latinoamericanos intervinieron en el debate sobre la reforma de la ley inmigratoria del año pasado, y las coaliciones de movimientos sociales y laborales como la Alianza Social Hemisférica han propuesto hace tiempo principios para regular la inmigración en todas las Américas.

 Es hora de que los defensores de los derechos de los inmigrantes, los sindicatos, y otros elementos de la sociedad civil global con interés en la política inmigratoria de USA ocupen el vacío existente y creen un nuevo discurso y programa inmigratorios basados en las realidades de los flujos inmigratorios en la era de la globalización.

 


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