A. CASTELLS - San Sebastián - http://www.elpais.com -  

La profesora de Derecho Constitucional de la UPV Juana Goizueta, de 40 años, hablará hoy sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea en el congreso sobre Derecho Constitucional Europeo que se celebra en Palacio Miramar de San Sebastián. Uno de los aspectos en los que han profundizado sus estudios es en las medidas adoptadas por la UE frente a la inmigración.

Pregunta. ¿Cómo ha afectado a los inmigrantes extracomunitarios el reforzamiento del control de las fronteras exteriores de la Unión?

Respuesta. Hasta ahora, en esa materia, la UE ha relegado absolutamente a un segundo plano la libertad y ha sobredimensionado el aspecto de la seguridad. El punto débil ha sido el tratamiento de los diferentes registros de datos sobre las personas que quieren acceder al Espacio Schengen. Hay que tener en cuenta que el sistema de información de Schengen incluye una especie de lista negra en la que los extranjeros pueden ser incluidos como no admisibles. Y, en la práctica, no se sabe qué usos pueden hacer de esos datos los distintos operadores de los estados miembros. Ése es el problema.

P. ¿El Programa de Estocolmo, al que el Consejo Europeo dio el visto bueno el pasado diciembre, supone un punto de inflexión en ese aspecto?

R. Estocolmo sólo fija una hoja de ruta y habrá que ver cómo se aplica, pero lo cierto es que ha establecido la volutad de buscar un punto de equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de preservar la seguridad dentro de la Unión. Por ejemplo, se prevé crear un sistema uniforme de gestión de datos para todos los estados miembros.

P. La UE quiere unificar las políticas de inmigración. ¿Cuál es la situación actual?

R. Todavía queda mucho camino por avanzar para poder hablar de una política migratoria comunitaria. Hasta ahora, sólo se han armonizado las normas en las estancias de inmigrantes extracomunitarios no superiores a tres meses. Es lo que se llama el visado Schengen. La vigilancia y seguridad de las fronteras exteriores sigue siendo de los estados miembros, al igual que el acceso al trabajo y la residencia.

P. La situacion del menor inmigrante es otro aspecto al que quiere responder Estocolmo.

R. Así es. Se plantean medidas para proteger sus derechos. El problema que se plantea con los menores, en muchas ocasiones, es quién tiene la competencia para tuterarlos. Y, en general, se puede decir que con la inmigración ocurre lo mismo:no está bien definidia la distribución de competencias entre las distintas entidades, a nivel estatal, autonómico y local.

P. ¿Qué opina de los ayuntamientos que se han negado a empadronar inmigrantes, como el de Vic?

R. Los ayuntamientos no pueden tomar ese tipo de medidas porque infringen la legalidad. Supone negar el acceso, por ejemplo, a determinados aspectos de la sanidad, como la atención de urgencia o los partos. Todo consistorio está oligado a empadronar a quien certifique la residencia. Con la inmigración no se puede actuar únicamente con criterios económicos.

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