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Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos están empujando a afiliados para que tomen el teléfono y llamen a sus congresistas con un solo objetivo: que no apoyen una maniobra legislativa conocida como "discharge petition" (petición de descargo) y sometan a votación una ley patrocinada por un demócrata y que se conoce como SAVE Act.
Entre otras medidas, la legislación, por ahora en manos del Comité de Inmigración de la Cámara de Representantes, obliga a los patronos a verificar el empleo del cien por ciento de sus trabajadores -a través de una cuestionada base de datos- y criminaliza la estadía indocumentada -por ahora una falta de carácter civil-.
La iniciativa de ley que se conoce como 'Secure America with Immigration and Enforcement' (SAVE Act, H.R. 4088), es patrocinada, entre otros, por los representantes Heath Shuler (demócrata de Carolina del Norte), Brian Bilbray (republicano de California) y Tom Tancredo (republicano de Colorado).
La segunda semana de marzo, líderes republicanos lanzaron el "discharge petition" para forzar a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (demócrata de California), a que traiga al pleno la legislación SAVE Act, una propuesta de reforma migratoria que se enfoca "sólo en el castigo y severidad de las leyes migratorias", dijo a Univision Online Eliseo Medina, vicepresidente del Service Employees International Union (SEIU).
El sindicalista agregó que una veintena de organizaciones pro inmigrantes se opone a la "maniobra" liderada por los republicanos y "rechaza" la iniciativa de ley bipartidista que, además de criminalizar la estadía indocumentada, "acelera la deportación de inmigrantes indocumentados".
Estrategia en curso
"Lo que en estos momentos estamos haciendo es contactar a todos nuestros aliados para conseguir tres puntos clave: evitar que otros demócratas firmen la 'discharge petition' para que la ley sea traída al pleno, evitar que los republicanos consigan suficientes firmas, y evitar que la Presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, respalde esta moción".
A su vez, Medina dijo que "por si las moscas, estamos trabajando con el senado para asegurar que, en el caso de que la Cámara de Representantes vote a favor y apruebe la ley -que Dios quiera eso no ocurra- el Senado haga lo mismo".
Vanessa Cárdenas, Directora de Medios del Center for American Progress, explicó que las organizaciones que rechazan la maniobra legislativa y el proyecto de ley "estamos pidiéndole a la gente que contacte a sus congresistas y les digan que no firmen la moción que están circulando los republicanos".
Agregó que, por el momento, "nos preocupa que haya demócratas conservadores que no entienden la importancia de este tema y que sigan apoyando iniciativas que no resuelven el tema migratorio, sino que lo vuelven más complejo y delicado".
Detalles del proyecto
"La Ley (SAVE) no hace nada por solucionar la problemática (de los 12 millones de indocumentados) y pone a ciudadanos y residentes en peligro, porque sus identidades serán verificadas en una base de datos federal tiene errores", apuntó Cárdenas.
El proyecto se enfoca en destinar más recursos a la frontera y obligar a que los empleadores verifiquen el estatus legal de todos sus trabajadores, extranjeros, residentes y ciudadanos estadounidenses.
Medina explicó que obligaría a más de seis millones de empleadores a verificar el estatus de empleo de más de 130 millones de trabajadores "usando una base de datos federal la cual se sabe de antemano que tiene un alto nivel de error".
También autoriza la contratación de 8 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y la infraestructura tecnológica que necesitan, e incrementa los recursos para hacer cumplir las leyes migratorias al interior del país.
Agrega recursos para las agencias locales y estatales encargadas de vigilar la aplicación de las leyes migratorias y de las sanciones a quienes violan esas normas.
Las empresas que participan en el programa, en el que se cotejan los datos de los empleados con bases de datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional, reciben protección de acciones judiciales si han contratado a un indocumentado por culpa de un error en el sistema.
Shuler apuntó que SAVE Act. está dirigido a "reducir drásticamente la inmigración ilegal", estimada en 12 millones, la mayoría originarios de América Latina, principalmente México.
Fuente: Jorge Cancino / Univision Online
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