Impulsamos procesos de incidencia política a nivel local, regional, nacional y
transnacional, para garantizar la incorporación de los derechos de las personas en
situación de migración y sus familias, en las comunidades de origen y destino, en Ecuador, en España
y en el mundo.
Apoyamos iniciativas de codesarrollo que incorporen componentes de educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, políticas públicas, apoyo psicológico y pedagógico, orientación social y laboral, acceso al crédito, emprendimientos productivos, comunicación e información, ayuda emergente y acogida, entre otras posibilidades de mejorar tu condición migratoria.
Queremos una sociedad sin prejuicios, sin estigmas, sin actitudes de racismo, xenofobia, discriminación, exclusión, acoso y violencia en razón de la situación migratoria de cada persona.
Incentivar el retorno de los inmigrantes será eje de la política migratoria de José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda legislatura. Así lo dijo ayer durante su investidura como presidente del Gobierno español.
Uno de los procedimientos es la capitalización de la prestación de desempleo que el inmigrante haya generado, lo que le permitirá cobrar el dinero del paro en un solo pago. El otro es la entrega de microcréditos para emprender proyectos en sus países.
En apenas un año, el número de ecuatorianos sin trabajo en España se incrementó en cerca de 10.000 personas. Si en febrero del 2007, 13.580 connacionales cobraban una prestación por desempleo, doce meses después las últimas estadísticas oficiales hablan de 23.166 personas en paro.
La desaceleración económica en la Península ha provocado la expulsión del mercado laboral de 77.676 extranjeros en un año, según el Instituto Nacional de Empleo (INEM). En la actualidad, 240.111 foráneos carecen de trabajo. Solo en febrero, el Estado gastó 147,8 millones de euros por concepto de prestaciones (unos $ 232 millones).
Las cifras justifican la preocupación que José Luis Rodríguez Zapatero imprimió ayer en su discurso de investidura como presidente del gobierno español en el Congreso de los Diputados. Hasta en tres ocasiones, el líder socialista puso el acento en la necesidad de “promover fórmulas nuevas que incentiven a los inmigrantes que pierdan el trabajo en los próximos meses a volver a su país”.
Asociaciones de inmigrantes acogieron con cautela la idea pero vaticinaron que no seducirá a una “gran mayoría” ya que estará condicionada a la situación actual del país de procedencia y al nivel de arraigo en España.
La iniciativa entronca con un programa de retorno que desde meses atrás confecciona la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y que complementará al plan que abandera la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), en Ecuador. En su alocución, Zapatero también se refirió a la crisis que aqueja a la construcción, un sector que absorbe gran cantidad de mano de obra extranjera (550.000 inmigrantes de un total de 2’700.000 individuos, hasta julio pasado).
En este sentido, señaló que se pondrá en marcha un plan especial de recolocación de desempleados (hasta finales de marzo sumaban 58.939 foráneos) en otros segmentos de la economía.
Antonio Garde, portavoz de la Federación Estatal de la Construcción del sindicato Comisiones Obreras, reniega de la oferta y la tacha de “temeraria”, porque el grueso de los trabajadores son “poco calificados, la industria en España se encuentra en pleno declive, el desempleo en el sector servicios afecta a más de 127.000 inmigrantes y, si la crisis avanza, será en la hostelería donde se destruya más empleo”. La solución reside, en su opinión, en el mismo sector si se emprende un plan de construcción de viviendas de protección oficial o de rehabilitación de cascos urbanos.
DETALLES: Medidas
Política migratoria España intensificará el control de entrada y las expulsiones, la lucha contra la inmigración ilegal, la llegada de foráneos con trabajo y la ejecución de un plan de integración que promueva derechos y deberes en igualdad de condiciones.
Más recursos Se intensificará la cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que los autóctonos no estén privados de ayudas sociales o derechos por la llegada de extranjeros.
Inmigrantes necesarios Un informe de la Fundación Sociedad y Empresa advirtió que España deberá incorporar a su mercado laboral una media de 157 mil inmigrantes cada año hasta el 2020.
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