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Cuenca, Ecuador, 9 de abril de 2008
En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador y por convocatoria de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD) se realizó la segunda reunión de la Consulta Permanente sobre Migraciones y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe.
La Consulta contó con la participación de 60 delegados y delegadas de 45 asociaciones de migrantes, ONG de derechos humanos, Iglesias, académicos y organizaciones sociales de 13 países de la región. La Segunda Reunión de la Consulta Permanente sobre Migraciones y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe coincidió en Cuenca con la realización del Foro Iberoamericano sobre Migraciones y Desarrollo.
Durante la reunión se conoció el primer informe sobre migraciones y derechos humanos presentado por la PIDHDD a la Consulta, en el que se advierte sobre la magnitud, causas, impactos, dinámicas y características de las migraciones dentro y fuera del continente.
Más de 30 millones de personas han migrado dentro y fuera de América Latina y el Caribe en las últimas dos décadas, lo que constituye cerca del 5% del total de la población de esta parte del continente. En algunos países como Bolivia, El Salvador, Haití y Nicaragua los y las emigrantes superan el 20% del total de la población, mientras que en otros países como Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay representan más del 10% del total de sus habitantes. Los migrantes enviaron en 2007 más de 67 mil millones de dólares a los países de América Latina y el Caribe.
Alrededor de 5 millones de personas han sido desplazadas dentro de sus propios países o solicitaron refugio en otros países por razones de violencia política o conflictos armados que ocurren en medio de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además emergen nuevas formas migratorias provocadas por el calentamiento global y el deterioro del medio ambiente, debido no sólo a razones naturales, sino también a la irresponsabilidad política de los Estados, como consecuencia de la falta de control a la explotación irracional de los recursos de la Tierra y el consumismo desbordado.
Otra tendencia es la imposición de modelos de producción agrícola que provocan la salida forzada de comunidades, para dar paso a 'proyectos de desarrollo' que invisibilizan a las personas y desconocen sus derechos. Los cambios en los patrones de plantaciones agrícolas y la tendencia de re-concentración de la propiedad y tenencia de la tierra para producir agro combustibles o para la agroindustria con fines de exportación, que orientan el uso de la tierra hacia objetivos distintos a la producción alimentaria y generan graves impactos en las reservas acuíferas, pueden provocar nuevos éxodos del campo a las ciudades. En estas circunstancias se produce el despoblamiento urbano y rural. Los pueblos indígenas, las comunidades afro descendientes y campesinos empobrecidos, serán los más afectados porque enfrentan de manera desproporcionada e injusta los impactos de este modelo.
Una de las características más notorias de las migraciones sigue siendo su feminización, teniendo en cuenta que más de la mitad de las personas que emigran hoy, son mujeres. Si bien éstas pueden tener mayores niveles de autonomía, no varían las relaciones de género desiguales; tanto en los países de origen como de destino, se reproducen los mismos esquemas de subordinación y explotación femenina. Además, las migraciones contribuyen a consolidar la fragmentación de las familias, lo que generan importantes impactos sociales, psicosociales y culturales. Asimismo, las migraciones y el desplazamiento forzado contribuyen a la extinción de pueblos indígenas.
El empobrecimiento, la desigualdad social y las formas de exclusión propias de un modelo económico fallido explican la razón por la cual migrar no es una opción, sino una necesidad que se asume de manera forzada, para intentar, en lugares ajenos y en condiciones adversas, salvaguardar la vida, integridad física, así como la búsqueda de ingresos que garanticen la propia existencia de la persona que migra y la sobrevivencia de la familia que se queda.
Los gobiernos deben asumir el tema migratorio en perspectiva de derechos, de tal manera que la prevención de migraciones forzadas, así como la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y de la migración irregular, sean incluidas en la formulación de políticas públicas, que deben estar asociadas a procesos de verificación mediante indicadores objetivos para medir su realización.
Las empresas privadas que tramitan las remesas impone altos costos a los migrantes para el envío a sus países de origen y los gobiernos deben asegurar costo cero para evitar que sectores privados se apropien de recursos que son producto del duro trabajo que ejercen los migrantes en los países de destino.
Las propuestas gubernamentales de migración regular ocultan intereses de los países de destino y constituye una forma de aprovechamiento de mano de obra barata, además de promover la migración calificada en detrimento del desarrollo nacional. En todo caso, estas migraciones deben realizarse en el marco de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (que no ha sido ratificada en América del Norte y Europa) y de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. También deben tener en cuenta las recomendaciones, conclusiones y sentencias de las Relatorías Especializadas sobre derechos humanos de los migrantes de la OEA y la ONU, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del Comité de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
La situación de los migrantes irregulares debe convocar la sensibilidad de los gobiernos para que asuman la regularización con pleno respeto a la dignidad humana y de manera urgente garantice una inserción social y laboral efectiva en el marco de los derechos humanos. La securitización de las migraciones, así como la militarización de las fronteras y los abusos policiales a los migrantes, crean un ambiente negativo para el ejercicio de los derechos.
La Declaración y el Plan de Acción de México constituyen un marco adecuado para garantizar los derechos de las personas desplazadas, solicitantes de refugio y refugiados en la región y es necesario que los gobiernos cumplan con los compromisos asumidos.
Por todo esto proponemos la construcción de una ciudadanía universal basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, donde las fronteras dejen de ser espacios que atentan contra las personas. Para lograr ese objetivo es fundamental superar la dicotomía ciudadanía-estado nación, donde todos los estados sean responsables de garantizar los derechos de todas las personas, siendo esta la única forma de que los países del llamado mundo desarrollado contribuyan al bienestar de los países expulsores.
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