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Aunque aún no ha entrado en vigor la nueva ley contra inmigrantes en Arizona, la cacería ya comenzó. Las autoridades estatales y la policía local, capturó al menos 69 presuntos indocumentados en una casa de seguridad de Phoenix.

Entre los detenidos, se encontraban también dos niños y un bebé que vivían con sus familias al interior de la casa.

Tres días después de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sancionara la ley SB1070 que califica de delito la estancia sin papeles en ese país norteamericano, un vecino llamó por teléfono a la policía y le dijo que había visto cuando unas 30 personas fueron retiradas de una camioneta.

La policía indicó que sus agentes hallaron a 69 supuestos indocumentados, de nacionalidad mexicana y centroamericana, en el interior de la casa y remitieron el caso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Más oposición

Una veintena de legisladores estadounidenses pidieron al gobierno del presidente Barack Obama impugnar judicialmente la polémica ley antiinmigrantes del estado de Arizona.

"La petición al presidente Obama es que su Departamento de Justicia inmediatamente se junte con otras organizaciones para combatir esta ley en las cortes (...) por las violación de la Constitución y los derechos civiles", afirmó a periodistas el legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva.

El procurador general estadounidense, Eric Holder, informó que el gobierno analizaba la ley de Arizona y no descartaba su "impugnación ante la Justicia".

Grijalva, quien estuvo acompañado por legisladores demócratas, varios de ellos representantes de los sectores hispano, asiático y negro, dijo sentirse "esperanzado" por el anuncio de Holder, ya que tiene "confianza en que están en el proceso de preparar esa causa en las cortes".

Despliegue militar

Por otra parte, otro grupo de congresistas estadounidenses en una carta al presidente Obama enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur, ante el incremento de la violencia en México.

"Le urgimos desplegar a la Guardia Nacional en la frontera Estados Unidos-México, tal y como ha sido solicitado por un número de gobernadores y congresistas de estados fronterizos", señaló la carta, firmada por el legislador republicano de Texas (sur) John Culberson.

La misiva, que pide que los efectivos "deben estar armados y se les debe permitir defenderse cuando se les dispare o ataque", está también suscrita por cinco congresistas republicanos y uno demócrata.

Boicot

Mientras tanto la industria del turismo de Arizona, devastada por la recesión, se prepara ante un boicot al que día a día se suman más líderes comunitarios y legislasdores en Estados Unidos para protestar por la dura ley migratoria.

Los mismos políticos en Arizona han pedido a las empresas boicotear los negocios con el estado hasta que la ley sea revocada.

Texas podría seguir los pasos de Arizona

Los legisladores de Texas están observando de cerca la nueva ley de inmigración en Arizona e, incluso, algunos republicanos aseguran que buscarán una acción similar, una medida que los demócratas califican de error.

"La primera prioridad de un funcionario electo es asegurarse que la seguridad de los texanos está bien resguardada", dijo la representante Debbie Riddle, republicana por Tomball al diario Houston Chronicle.

"Si el gobierno federal hiciera su trabajo, Arizona no hubiera tomado la iniciativa ni lo haríamos en Texas". Riddle presentó una medida similar en la pasada sesión legislativa pero fue desechada en el comité y dijo que volverá a hacerlo cuando la legislatura se reúna en enero.

La ley SB 1070 de Arizona ha levantado protestas y cuestionamientos sobre su constitucionalidad y el próximo 1 de mayo los líderes de diversas organizaciones planifican una masiva marcha a nivel nacional.

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