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Roberto Garduño y Enrique Méndez Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que envió el Senado con la reforma a la Ley General de Población, a fin de despenalizar la migración y con ello determinar que la internación de personas indocumentadas en el país sea considerada una falta administrativa, y no se castigue con penas que aún alcanzan 10 años de prisión.
Tal modificación deroga los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124 del ordenamiento, donde se fijaban penas entre 18 meses y seis años de prisión, mientras que en los artículos 118 y 125 se eliminó la pena de hasta 10 años de cárcel.Así, la legislación impondrá multas de 20 a 100 minisalarios al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente sin un acuerdo de readmisión y no exprese u oculte su condición para que se le autorice nuevo permiso. Las multas se impondrán al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a dicha ley o al contenido del permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado. Se aplicarán penas pecuniarias a quienes usen un documento falso o alterado, o que proporcionen datos falsos al ser interrogados por la autoridad en relación con su situación migratoria. Éstos serán sancionados conforme al Código Penal Federal. Por tales razones se castigará con multas de 100 hasta 500 minisalarios al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objetivo de que éste pueda radicar en el país. “No es un crimen ser migrante” En favor de la iniciativa, el panista José Nicolás Morales Ramos refirió que “no es un crimen ser migrante. No es delito buscar mejores oportunidades, como ha dicho el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, la aprobación de esta reforma es una deuda que tiene el país con la protección de los migrantes desde hace más de 20 años”. Por Nueva Alianza, Irma Piñeyro adujo que México está obligado, política y moralmente, a otorgar trato digno a los migrantes, a reivindicar el reconocimiento y el compromiso con los derechos humanos en su condición de país expulsor y al mismo tiempo receptor, sin olvidar que se ha convertido en una nación de paso obligado para los flujos migratorios provenientes, de manera importante, de Centro y Sudamérica. “Al descriminalizar la política migratoria, México se coloca a la vanguardia y se aleja de los gobiernos que sólo han formulado paliativos, sin involucrarse por completo y reconocer que la migración no es un ilícito, sino una búsqueda legítima de mejores condiciones para la subsistencia y el desarrollo.” Alejandro Chanona Burguete, coordinador de Convergencia, refirió que hoy, sin regateos, “estamos dispuestos a dar en México lo que exigimos para nuestros connacionales, particularmente en Estados Unidos… Después de todo esto no sólo es asunto de despenalización, sino de dignificación del migrante en territorio nacional, que incluye, por ejemplo, reformar de manera profunda el sistema de estaciones migratorias. La gran mayoría de esas estaciones son improvisadas; muchas carecen de higiene, y en muchos casos son las cárceles estatales habilitadas como estaciones migratorias. Imagínense un migrante que sale de su país para buscar oportunidades y es apresado en una cárcel local”. José Jacques y Medina, del PRD, refirió la importancia capital de la reforma, pues permitirá desmovilizar, desestabilizar, desmembrar la red de extorsión que tiene 34 años criminalizando la migración. No obstante, alertó sobre la participación del Ejército y Armada en agresiones a centroamericanos. “Últimamente hemos visto ya envuelto al propio Ejército y a la Armada en violación de los derechos de los trabajadores migratorios, principalmente del sur. Hoy tenemos que unir nuestras voces para avanzar sobre esta campaña, y poder terminar definitivamente con esta extorsión contra los migrantes indocumentados que cruzan el país. Tenemos que impulsar, sin duda, en este momento, una amnistía y una legalización para que quienes cruzan por este país y poner el ejemplo de que los trabajadores no son criminales.” Así, por unanimidad de 393 votos, los diputados aprobaron la minuta enviada por el Senado, donde por cierto, ésta durmió el sueño de los justos durante un año.
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