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Ana María Aragonés La más reciente propuesta de la Casa Blanca en relación con un plan para millones de indocumentados parece, por decir lo menos, un chiste de mal gusto. Es un verdadero galimatías de condiciones, pagos, salidas y entradas de los trabajadores con prohibiciones por todos lados.
Para empezar, se les obligaría a salir del país, pagar 3 mil 500 dólares para inscribirse en el mencionado programa y 10 mil más si son aceptados para la legalización. Se les otorgaría la nueva visa Z y tendrían que pagar otros 2 mil dólares de multa y mil 500 más por cuota de inscripción. Los jefes de familia tendrían que regresar a su país y desde ahí pedir su reingreso. Toda esta sinuosidad, no sólo por su enorme costo, sino su inviabilidad al pretender que la familia se separe, es porque el gobierno estadunidense no quiere aceptar que le corresponde una parte muy importante de la responsabilidad en la formación de semejante foco rojo. Por eso el lamento de los empleadores se enmarca en el grito: "por favor, dejen entrar a los indocumentados", pero de ninguna manera se plantean presionar a su gobierno para lograr una reforma migratoria que permita que esos mismos trabajadores, que tanto beneficio les reportan, alcancen finalmente el estatus que merecen. La lógica económica de los empresarios tiene que ver con la necesidad de sostener una alta productividad en el contexto de la enorme competencia mundial, la que sólo puede alcanzarse si, además de incorporar alta tecnología a los procesos productivos, se combina con bajos costos de la fuerza de trabajo. Y, por supuesto, los migrantes son una parte fundamental de este engranaje por sus bajos salarios y poco acceso a programas sociales. Si hacemos un ejercicio de comparación entre lo que sucede en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, podremos confirmar esta circunstancia. En la UE se pagaban los salarios más bajos hasta antes del año 2000 y su productividad era más alta que la de Estados Unidos. Sin embargo, después de ese año los salarios europeos empezaron a dispararse de manera considerable debido a la firma del Tratado Amsterdam, el cual permite la libre circulación de los trabajadores de Europa, lo cual ha afectado su productividad. Cuatro países europeos, España, Italia, Alemania y Francia acordaron el 28 de julio de 2000 la eliminación de la obligación de obtener un permiso de residencia a los ciudadanos de la UE, todo lo cual se refleja en el costo del trabajo. Por su parte, Estados Unidos mantiene más alta productividad que la región europea, sobre todo a partir del año 2000, debido a que los salarios son marcadamente inferiores a los de Europa. Esto le permite jugar un importante papel en el comercio, ya que se encuentra en mejores condiciones para competir mundialmente. En este contexto no puede desestimarse la importancia que en estos procesos tienen los trabajadores migratorios, por lo que no es posible aceptar que una reforma migratoria soslaye el destacado papel que juegan en todas las economías globales. Por supuesto que esta consideración debería provenir, básicamente, del gobierno mexicano y plantearse una "reforma migratoria", pero en sentido contrario. Es decir, por un lado habría que poner nuevas condiciones para satisfacer las demandas de los empresarios estadunidenses evitando la perversidad del trabajo indocumentado, generando un mecanismo que permitiera conectar al gobierno y a los posibles migrantes que obligara a los empleadores a ofrecer mejores condiciones que las visas H2A o H2B, que son nefastas. Por otro lado, se requiere una nueva mentalidad que acepte que los migrantes son una población que debemos reincorporar al país, y no darla por perdida. Sobre todo si se toma en cuenta que la población mexicana sigue reduciendo su crecimiento natural en forma importante, de tal suerte que México "se encamina rápidamente a un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido". Se dice que México tiene una de las tasas de recaudación más bajas no sólo de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sino incluso de los países de América Latina. ¡Pues cómo no!, cuando se sabe que el gobierno tolera que decenas de empresas dejen de pagar al fisco miles de millones de dólares. Pero, eso sí, trata de remediar la situación fiscal gravando alimentos y medicinas, lo cual sólo ampliaría el número de pobres que, de acuerdo con el Banco Mundial, alcanza a 50 por ciento de la población mexicana y 15 por ciento se ubica en el umbral de extrema pobreza, es decir, que viven con un dólar o menos al día y, por supuesto, el crecimiento de la migración. Ante tantos errores y despropósitos del gobierno mexicano, Estados Unidos sigue haciendo lo que le conviene: explotar a la fuerza de trabajo mexicana sin ningún contrapeso.
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