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Obama habló, en un esperado discurso, de la necesidad de llevar a cabo una amplia reforma migratoria que regularice la situación de los cerca de doce millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos. Sus palabras, ponderadas y esperanzadoras, se enmarcan dentro de la inminente entrada en vigencia de una xenófoba y cuestionada ley en Arizona, y tienen como trasfondo el juego político y electoral.

El presidente ha recibido fuertes presiones para que cumpla sus promesas de campaña y abandere un gran cambio que sincere la situación irregular de estos millones de personas que llegaron de manera ilegal a los Estados Unidos, buscando el llamado sueño americano. En la mayoría de los casos sobreviven como mano de obra barata, lo que les permite mantener a sus familias en los respectivos países de origen gracias a los millones de dólares que envían a través de las remesas. Paradójicamente, empresarios y agricultores se rasgan las vestiduras contra la invasión de indocumentados, pero se lucran con los bajos salarios que pagan a los trabajadores ilegales.

De allí lo realista del discurso de Barack Obama. No se va a dar una amnistía general para los que ingresaron ilegalmente, pues sería como premiar a quienes han violado la ley, pero tampoco es serio pensar en la deportación de millones de personas hacia sus países de origen. Es claro que hay un problema grave en esta materia y que hay que solucionarlo. La pregunta es cómo. Y la única respuesta posible es mediante la expedición de una ley que regule todos los aspectos de la cadena de la inmigración, desde las normas de ingreso al país hasta la forma mediante la cual se solucionará el problema de quienes ya están en el país. De ahí que no se trate de militarizar la frontera —donde ya hay cerca de veinte mil guardias fronterizos— ni de levantar más muros.

Lo que se impone, según lo manifestó el primer mandatario, es una legislación que “marque un camino para su legalización (…) dado que estos han ayudado a construir y a defender al país”. En este último caso es preciso, por ejemplo, constatar el porcentaje de soldados latinos en Irak y Afganistán para darse cuenta del creciente peso de la comunidad hispana. Por lo anterior, la propuesta inicial pasaría por la necesidad de que los inmigrantes reconozcan que cometieron un delito al ingresar ilegalmente, que soliciten formalmente su nacionalización, que permitan que se revisen sus antecedentes personales y, en especial, que aprendan inglés. En este sentido, la definición de Obama es muy diciente: “ser americano no es un asunto de sangre o de nacimiento; es un asunto de fe, de fidelidad compartida a las ideas y los valores que son tan queridos para nosotros”.

Hasta aquí, las cosas avanzan por el camino correcto. Sin embargo, no existe ambiente en el Senado para llevar a cabo la reforma, la cual necesita del apoyo mayoritario de los dos partidos. Los republicanos se oponen en bloque, y, peor aún, ni siquiera hay un consenso dentro de la bancada demócrata. En noviembre habrá elecciones que renovarán una parte del Congreso, y el Presidente trata de dar un empujón al tema para lograr que la comunidad hispana se sienta interpretada y apoye a los candidatos de su partido. Pero ya hay voces que señalan que si Obama no se juega a fondo, como en los casos de la salud, las finanzas y el sector energético, su gesto no pasará de ser un saludo a la bandera envuelto en el agitado ambiente electoral. Por lo demás, aunque había dicho inicialmente que la reforma se aprobaría este año, en su reciente discurso prefirió no comprometerse con una fecha específica.

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