http://www.lagaceta.com.ec  -   

El sábado 26 de junio de 2010, a solo un año y ocho meses de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, que proclamó al Ecuador un Estado Plurinacional de derechos y justicia, la fiscalía de la provincia de Imbabura inició la indagatoria previa 360-2010 “en contra de Organizaciones Indígenas”, según reza la notificación remitida la Presidente de la Conaie el 29 de junio de 2010.

La indagatoria se basa en un parte policial que refiere que el 25 del mismo mes “un grupo de ciudadanos de raza indígena” ha roto un cerco policial en los exteriores del lugar donde se desarrollaba la reunión de mandatarios del ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que en el forcejeo, supuestamente “se sustraen las esposas de dotación” de un policía.

Este sería el fundamento bajo el cual se ha dado inicio a la indagación fiscal, que bajo un supuesto delito de terrorismo, ha sido iniciada en la provincia de Imbabura y en la cual actúan como defensores de los dirigentes indígenas, los juristas Raúl Ilaquiche y Carlos Poveda.

“Asombra la ligereza con la que actúa el Ministerio Público en este caso. La sola apertura de la indagación por TERRORISMO contra las organizaciones indígenas constituye una afrenta, no exenta de prejuicios”, afirma el abogado Mario Melo y añade que la condición “de ciudadanos de raza indígena” parece ser un elemento de sospecha. La intención evidente es mantener una espada de Damocles sobre los líderes indígenas mientras dura la investigación de un delito de extrema gravedad, penado con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y que en su trámite, en caso de que se dicte una medida de privación de libertad, no se admite fianza”.

Consultados sobre los sucesos ocurridos en Otavalo, Poveda e Ilaquiche señalan que mientras se desarrollaba la reunión a la que asistieron los presidentes Chávez y Morales, reunión de la que fueron excluidas las organizaciones pertenecientes a la Conaie, esta organización había congregado a sus bases para la instalación del Parlamento Plurinacional, para lo cual se habían programado varias actividades, entre ellas una marcha enmarcada en la alegría y manifestación folclórica del Inti Raymi, que buscaba entregar una carta al presidente de Bolivia Evo Morales.

“La ironía de la Historia – dice Melo - llevó a que mientras el primer Presidente indígena de América se reunía con sus colegas Presidentes mestizos para hablar sobre indígenas, tres mil indígenas ecuatorianos eran impedidos de acercarse al lugar de reunión por decenas de policías a caballo. Nuevamente, como hace quinientos años, las nobles patas de los caballos se levantaban para aplastar la voz de los pueblos ancestrales en su propio territorio. Pero esta vez, el atropello no se consumó. La sabiduría ancestral de los amazónicos simbolizada por la serpiente boa que llevaba un uwishín (médico indígena) hizo que los caballos se espantaran y los indígenas llegaran hasta la puerta exterior del recinto para pedir, por intermedio de los jefes policiales, que Evo Morales saliera a recibir su carta. ¿Será la boa terrorista?”.

Los tres juristas concuerdan en que la molestia de las esferas oficiales, se debe a ante el país y el mundo, fue inocultable la falta de legitimidad del cónclave, pese a la presencia de los presidentes, por lo que estaría buscando disfrazar en una acción jurídica, la respuesta política del régimen.

Raúl Ilaquiche, quien el pasado día lunes 5 estuvo en la diligencia efectuada en Otavalo, señaló que la defensa agotará todos los mecanismos constitucionales y legales, porque “jamás se puede permitir que un país que se dice llamar pluricultural y plurinacional, cuando se defienden los derechos establecidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas, sean considerados como terroristas y estar atentando contra la seguridad del Estado”.

“Aunque sea con la vida, vamos a defender nuestros derechos”, continúa Ilaquiche, e indica que lo harán desde las comunidades, en todas las provincias y en todo el país”. “Esta es una persecución política del Gobierno, porque el presidente Rafael Correa, constantemente ha insultado, ha provocado y ha sido manifiesta el resentimiento social y el ataque al sector indígena, el racismo y e odio con el que actúa el Presidente, por lo que a la Fiscal de Otavalo hemos pedido que investigue también tales hechos”, mencionó Ilaquiche.

Afirma Ilaquiche que los ecuatorianos se encuentran en indefensión frente al Gobierno, ya que las autoridades, no estarían cumpliendo con sus obligaciones sino “obedeciendo órdenes”. Recordó lo sucedido en Cotopaxi con el tema de La Cocha, las audiencias efectuadas en horas de la madrugada, la presencia de funcionarios del Gobierno interfiriendo en la justicia, por lo que se ratifica en que la Función Judicial ha sido “puesta de rodillas”.

Melo por su parte, firma que en lo político, “esta indagación previa será la oportunidad para que la Conaie evidencie que su lucha pacífica por llevar a la práctica el Estado Plurinacional, no se detiene por amenazas”.

Media de votos