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Gabriela Paz y Miño. Corresponsal en España de www.elcomercio.com Parque de El Retiro, sábado, 15:00. Familias, parejas, hombres y mujeres solos disfrutan de una tarde de primavera en Madrid. De repente, sin romper el silencio, una patrulla de Policía se interna en el espacio verde. Dos agentes bajan y caminan hacia un hombre latinoamericano que está solo y descansa sobre la hierba.
En pocos minutos, tras cruzar un par de palabras con él, el hombre se pone de pie y es conducido al patrullero, que desaparece por el camino de tierra tan silenciosamente como llegó. 10 minutos más tarde, la operación se repite con un hombre negro, presumiblemente africano. Esta vez, él saca de su bolsillo un papel doblado en cuatro que muestra a los agentes. Segundos después es conducido al patrullero. Un tercer vehículo pasa con un pasajero detrás; sus rasgos y el color oscuro de su piel lo definen como extranjero.
Escenas parecidas se ven estos días y cada vez con más frecuencia en Madrid. Las redadas de ‘sin papeles’ se han intensificado en las últimas semanas. Esto coincide con la posible aprobación, este miércoles, de una Directiva europea del Retorno, que unificaría las políticas comunitarias de detención y expulsión de personas en situación irregular en 27 países de la Unión Europea (ver recuadro).
Coincide también con las declaraciones del nuevo Ministro de Trabajo e Inmigración español, José Corbacho, quien explicó la decisión del Gobierno de estrechar los controles a los inmigrantes sin permiso de trabajo o residencia.
Alrededor de 2 millones de inmigrantes entran en Europa cada año. Se calcula que entre 500 000 y 1 millón lo hacen de manera irregular. Al tratarse de personas que no están oficialmente en un territorio, es difícil establecer cifras exactas. Pero se estima que en Europa viven 8 millones de personas sin papeles, que pudieran ser expulsadas o retenidas hasta por 18 meses, de aprobarse la directiva. Se trata de inmigrantes no comunitarios, la mayoría llega de África, Asia y América Latina.
“Una minoría es ecuatoriana. En toda España, exagerando habrá unos 50 000 compatriotas que estén en situación irregular”, explica Raúl Jiménez, vocero de la Asociación Rumiñahui, una de las más antiguas en Madrid.
Según Jiménez, después del último proceso extraordinario de regularización del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2005 (cuando consiguieron sus papeles alrededor de 1,5 millones de extranjeros), alrededor de 65 000 personas de distintas nacionalidades quedaron fuera.
“De ellos, alrededor de 12 000 serían ecuatorianos. Si se toma en cuenta que desde el 2003 se pide visa a los ecuatorianos, los que entraron sería por goteo. No puede haber más de 50 000”.
Jiménez explica que las redadas han existido siempre, pero asegura que hasta la Asociación Rumiñahui llegan estos días más casos y consultas por detenciones. “La Policía española está más dura en este sentido. Se piden papeles en el metro, en los parques, en barrios, en lugares y horas donde se reúne más gente extranjera”.
En el barrio de Lavapiés, uno de los más diversos de Madrid (se calcula que un 50% de sus pobladores es de extranjeros provenientes de India, pero también de países africanos y latinos), la presencia policial es casi permanente.
Pero las redadas son aleatorias y, por supuesto, inesperadas. Una de estas sorprendió a G., joven ecuatoriano, de 30 años, que vive hace tres años en Madrid y no tiene aún sus papeles en regla. A las 19:00 de un miércoles, cuando regresaba de su trabajo como diseñador, un agente vestido de civil lo detuvo a la salida del metro. Aunque el ecuatoriano, que vive con su novia, se ha acogido a la figura del arraigo (pedir la legalización por haber estado tres años en el país), ese argumento no impidió que se lo llevaran a una comisaría en donde estuvo hasta las 13:00 del día siguiente. “Cuando me detuvieron, me dejaron hacer una llamada a mi casa, pero no se lo permitieron a todos. A un africano que había salido a recoger a su hija no le dejaron llamar. Antes de subirme en una furgoneta, me cachearon contra la pared”.
Según este compatriota, en la furgoneta iban 11 personas más, “la mayoría marroquíes y solamente tres mujeres”. En la Comisaría, les pidieron que apaguen sus celulares. Los funcionarios de la Policía comprobaron sus datos y situación legal en los ordenadores.
Todos pasaron la noche en celdas. Al siguiente día les asignaron a todos abogados de oficio. “Nos explicaron que se nos abría una orden de expulsión y que teníamos un plazo para recurrirla. Los demás no sé qué suerte correrían, pero la mayoría salimos ese día”.
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