Silvia Otero (El Universal)  -   

En Arizona imperaría el racismo y violaciones a derechos humanos, en un estado que no tiene la capacidad de confinar a cientos de detenidos para su deportación; las familias serían separadas y el extranjero que sea forzado a regresar a su país de origen perdería todos sus bienes, advierten organizaciones civiles de Estados Unidos, líderes migrantes y grupos defensores.

Coinciden con expertos que el Gobierno de México no está preparado ante esta situación, y ni siquiera se conoce un plan de contingencia en caso de que se aplique la norma el 29 de julio próximo. Al respecto, se consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y sus autoridades fijaron la postura: “No anticipar escenarios sobre lo que podría o no suceder”.

Otros especialistas aseguran que el problema inmediato sería que al menos 14 estados de la Unión Americana apliquen normas antiinmigrantes similares, pero no anticipan un panorama de catástrofe y creen que el Gobierno mexicano tiene la capacidad para hacer frente al problema, incluyendo ofrecer trabajo a deportados. El 23 de abril pasado, la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, firmó la norma que criminaliza la migración indocumentada, lo que derivó en que organizaciones civiles de Estados

Unidos presentaran una demanda ante la Corte Federal y una decena de países de América Latina se sumaran con México, bajo la figura de “Amigo de la Corte”, para presentar argumentos contra su aplicación ante la jueza. También el Gobierno de Barack Obama la impugnó el 6 de julio, por anticonstitucional, ya que el tema migratorio es facultad exclusiva del Gobierno Federal.

Arizona no está lista

Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef), una de las que demandó al Estado de Arizona con el fin de frenar la aplicación de la SB 1070, explica que nada obliga a la jueza de la causa a emitir su fallo antes del 29 de julio, y existe el riesgo de que entre en vigor, aunque hay confianza en que la resolución permitirá pararla, porque “jurídicamente hay un caso sólido”.

Sin embargo, advierte que si la jueza falla a favor de la norma “Arizona será un estado trágico ante las acciones de discriminación contra cualquier extranjero, lo que importará en un primer momento será la apariencia, no el estatus migratorio, como motivo de detención”. El impacto es difícil de cuantificar. La ley afectará a millones de personas y no sólo al más de medio millón de indocumentados que el Gobierno de

Arizona asegura que están en su territorio.

El escenario se agrava ante posibles capturas y deportaciones masivas, pues no se sabe cuánto tiempo estarán detenidos —un día o un año. Además, los condados y el estado no tienen la capacidad para mantener a cientos de detenidos antes de repatriarlos.

Urge plan de México

Elvira Arellano, quien luchó ante tribunales de Estados Unidos en 2007 para impedir su deportación y fuera separada de su hijo, sabe que “el Gobierno mexicano no está preparado para asistir a los paisanos que viven en Arizona, no es suficiente con saber que están los consulados, pues la experiencia nos hace no tener confianza en esas autoridades, al final cuando te botan en la frontera estás solo y sin nada”.

Aunque José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch, reveló que el 12 de julio se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán —a petición del diplomático—, “con el propósito de conversar y prepararnos para una eventual entrada en vigor de la Ley Arizona”.

La impresión que le dejó la reunión fue que “es prioridad para México lo que esté ocurriendo en Arizona, se ha puesto las pilas y está preparado desde el punto de vista de recursos materiales y de personal de todos los consulados, que han sido reforzados, para estar muy atentos a cualquier reclamo o denuncia que se suscite y documentar casos de abuso, ante la eventual entrada en vigor de la ley”.

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