Rafael Prieto Zartha  - Opinion El Paso  -     

Carolina del Norte— Eran las 6 y media de la tarde y el termómetro marcaba 97 grados Fahrenheit en el Parque Marshall del centro de Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, cuando se inició el pasado 29 de julio la presentación de la obra de teatro “AZ No Habla por Mí”, que se escenificó para condenar la entrada en vigor de la mutilada SB 1070 en Arizona.

Lo aciago de la ocasión fue que tan sólo un centenar de personas acudieron a ver la representación en un escenario que previamente había congregado a mil, siete mil y diez mil manifestantes en diferentes concentraciones a favor de la legalización de los inmigrantes indocumentados.

En el drama, una preocupada Estatua de la Libertad le reclamaba a unas reticentes autoridades de Arizona que no discriminaran a los inmigrantes latinos, mientras unos asustadizos gansos se lanzaban al agua para refrescarse en el lago incrustado en el parque.

“Creo que vinieron muy pocos porque están cansados de tanta palabrería y que no se concrete nada”, me dijo Carlos Crespo, un profesional ecuatoriano que siempre asiste a las marchas.

“La gente no es tonta y piensa que se está haciendo política con ellos y además hay temor por lo que está pasando en Arizona y el resto del país”, agregó.

Precisamente el presidente Barack Obama se pronunció contra la “demagogia” respecto al tema migratorio en una entrevista con Harry Smith, copresentador del programa matutino “Early Show” de la cadena CBS.

“No podemos permitir una colcha de retazos de 50 diferentes estados o ciudades o localidades en los que cualquiera que quiera hacerse nombre de repente diga: voy a ser antiinmigrante”, dijo el presidente, después de que la ley de Arizona comenzó a operar, con las restricciones que los funcionarios del Departamento de Justicia lograron que la jueza Susan Bolton impusiera.

En estos días, entre muchos, a quienes les cae el apotegma expresado por el presidente es a los senadores Chuck Grassley de Iowa, Thad Cochran de Misuri, Johnny Isakson de Georgia, Saxby Chambliss de Georgia, Jim Inhofe de Oklahoma, David Vitter de Luisiana, Orrin Hatch de Utah y Jim Bunning de Kentucky.

Los legisladores decidieron inventar que un memorando de análisis interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS)  sobre posibles alivios para algunos sectores de la población inmigrante constituía una acción del ejecutivo para saltarse al Congreso y otorgar una amnistía.

Eso es demagogia irresponsable porque la realidad de lo que ha estado haciendo la actual administración en materia migratoria se refleja en las cifras de deportaciones que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) reveló la semana pasada, que indican que hasta el 22 de julio de este año había deportado a 292 mil 663 indocumentados.

De esa cifra 142 mil 526 supuestamente fueron criminales, entre los que cuenta a los detenidos de tercer nivel, que son los capturados por no portar una licencia de conducir, infracciones de tráfico y otras ofensas menores.

La tabla de ICE también registra a 150 mil 137 deportados que clasifica como no criminales en 2010, y recuerda  que los no criminales expulsados del país en 2009 fueron 253 mil 491.

Con esos números, entre los que se hallan los deportados por los programas 287g y Comunidades Seguras, con la demagogia de la cual han sido víctimas, y con la ley de Arizona en marcha por el alguacil Joe Arpaio, no es extraño que los inmigrantes indocumentados se abstengan de asistir a eventos destinados a defenderlos.

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