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Gabriela Paz y Miño. Corresponsal en Madrid El debate sobre la creación de la Directiva de Retorno, que endurecería las condiciones de detención y repatriación de las personas ‘sin papeles’ en Europa, se postergó ayer. La división en el Comité de Representantes de los 27 países de la Unión Europea (UE), reunido en Bruselas, fue la causa.
España, según trascendió, mantuvo una posición de “equilibrio”, aunque estaba previsto que apoyae la conformación de la directiva. Esta permitía detener hasta 18 meses a una persona que se encuentre en situación irregular en territorio europeo. Lorenzo Cachón, presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (órgano adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración español), prefirió ayer opinar a título personal sobre la posición en el tema del Gobierno español.
Cachón, sociólogo y profesor de la Universidad Complutense, asegura que esta medida tendrá el efecto de “obligar a estados miembros de la UE a limitar el tiempo de detención de una persona sin papeles, pues en algunos casos es indefinido”. Según el experto, España no está en la obligación de “transponer literalmente” lo que regule la Directiva de Retorno.
“Actualmente el tiempo límite de detención son 40 días en España. No creo que el Gobierno español tenga la intención de ampliar ese plazo”.
Para Cachón, el debate sobre la conformación de la Directiva de Retorno “llega en muy mal momento”, pues coincide con la desaceleración económica y con el avance en Europa de posturas conservadoras frente a la inmigración, impulsadas por los gobiernos de Francia e Italia.
La armonización de políticas migratorias en la UE implicaría, entre otras cosas que quienes sean detenidos en la calle, por no tener papeles, sean internados por una decisión administrativa, sin la intervención de un juez. La medida incluye a los menores no acompañados que lleguen a territorio español.
Mientras tanto, el portavoz del grupo socialista, Manuel Medina, citado por el portal Tribuna Latina, coincidió en que la aprobación de la Directiva de Retorno no afectaría la legislación española, pues no le obliga a cumplir los nuevos plazos de detención de las personas sin papeles. Actualmente, en la península ese máximo es de 40 días.
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