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El gobierno de EU califica la matanza de “tragedia”; Alejandro Poiré, vocero de la estrategia contra el hampa, culpa de los hechos a la lucha entre el cártel del Golfo y zetas; Calderón condena la agresión en Twitter.

Los 72 cadáveres encontrados anteayer por la Marina en San Fernando, Tamaulipas, son migrantes indocumentados de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, entre otras nacionalidades, informó el vocero de la Estrategia de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré.

En tanto, la SRE informó del hallazgo a las embajadas de esos países, a fin de que colaboren con la PGR e instancias locales en la identificación de las víctimas.

El subsecretario para América Latina y el Caribe de la dependencia, Salvador Beltrán del Río, dijo que las representaciones consulares tendrán todas las facilidades para realizar su trabajo en Tamaulipas, adonde eventualmente tendrán que acudir para encabezar el reconocimiento de cuerpos.

En tanto, el presidente Felipe Calderón colocó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Con mis más produndas condolencias, hago mías las expresiones de repudio e indignación hechas por el vocero federal sobre el caso Tamaulipas”.

Por la noche, la Presidencia emitió un comunicado en el que señaló: “Estos hechos recientes se dan en el entorno de una lucha violenta entre el cártel del Golfo y Los Zetas. Son ellos los que están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y de reclutamiento, debido a que están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y de personas”.

El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, calificó de “hecho terriblemente trágico” el hallazgo de los 72 cadáveres en un rancho de Tamaulipas.

Si bien aclaró que no era una posición oficial, porque desconocía los detalles de lo ocurrido, el funcionario señaló que se trataba de “una gran tragedia”.

En conferencia de prensa con funcionarios de la SRE, Marina, PGR e Instituto Nacional de Migración, Poiré explicó que las nacionalidades de las víctimas se conocieron a partir de las declaraciones de un ecuatoriano que sobrevivió a la matanza perpetratada por zetas y pudo escapar del rancho hasta llegar a un retén castrense.

El hallazgo de los cuerpos, refirió el vocero, ocurrió luego de un operativo en el que personal naval tuvo que repeler la agresión de presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El funcionario señaló que la extorsión y el secuestro de migrantes es una alternativa de las bandas del narcotráfico para financiar sus actividades criminales.

No obstante, en algunas ocasiones las organizaciones reclutan a los migrantes, “como lo señalan expertos”, para enfrentar una situación “muy adversa que es abastecerse de recursos” humanos.

El funcionario señaló que para evitar casos como este se requiere la cooperación de los países de origen de los migrantes para alertar sobre los riesgos de la travesía y compartir información de inteligencia.

Poiré destacó la importancia de que en esta estrategia se cuente con la participación de Estados Unidos (país de destino de indocumentados) para que aporte información sobre bandas de polleros.

Sostuvo que el descubrimiento del rancho con los 72 cuerpos denota una acción decidida del Estado mexicano para debilitar la capacidad operativa de los grupos delincuenciales, además de otras acciones, como decomisos de armas y drogas, y la captura de decenas de presuntos narcotraficantes.

El vocero señaló que estos hechos ocurren en un entorno de “lucha encarnizada y sumamente violenta” entre el cártel del Golfo y Los Zetas, que anteriormente operaban de manera coordinada y cuya lucha interna, desde finales del año pasado, trajo consigo un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país.

El funcionario consideró que el hallazgo de los cadáveres (58 hombres y 14 de mujeres) constituye “un suceso sumamente grave, absolutamente indignante, que exige la condena unánime de la sociedad y las autoridades”.

Poiré destacó la corresponsabilidad de estados y municipios, al recordar que el secuestro y la extorsión son delitos del orden común y corresponde a las autoridades locales perseguirlos.

Por su parte, la CNDH inició la investigación sobre el caso y envió peritos y visitadores para “asegurarse” que las autoridades lleven a cabo las acciones que permitan aclarar lo sucedido y sancionar a los responsables.

Lorena López y Eugenia Jiménez

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