PERIODISMO HUMANO  -  

El hallazgo por parte del Ejército mexicano de un solar con 72 cadáveres – 54 hombres y 18 mujeres- de inmigrantes centro y suramericanos secuestrados y asesinados, presuntamente por narcotraficantes a tan sólo 160 kilómetros del paso fronterizo que pretendían alcanzar, ha disparado por fin la alarma respecto a la gravedad de dos tragedias que azotan toda América Latina, y a México en particular: la violencia del crimen organizado y la vulnerabilidad de los migrantes.

Aunque esta masacre ha dado la vuelta al mundo por el número de personas asesinadas no es un suceso aislado ni novedoso. México es el principal país de origen de los migrantes latinos en Estados Unidos, pero también es el país de obligado tránsito para el resto, y la primera criba para los indocumentados. En su trayecto, se ven sometidos a una desprotección total y al abuso, violaciones, palizas, secuestro, detención y extorsión por parte tanto de la policía mexicana como de las bandas que los amenazan con venderlos para la trata de personas o deportarlos. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo entre septiembre de 2008 a febrero de 2009, fueron secuestrados 9.758 migrantes, es decir, cerca de 1.600 por mes.

“Este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan los migrantes así como la aparente incapacidad de las autoridades  para disminuir los ataques a los que se exponen”, subraya Amnistía Internacional respecto al descubrimiento de la fosa. La organización publicó un informe ya en abril donde denunciaba que la travesía por México es “una de las más peligrosas del mundo”. “Cada año, miles de migrantes son secuestrados, amenazados o asaltados por miembros de bandas criminales (…) la extorsión y la violencia sexual son generalizadas y muchos migrantes desaparecen o son asesinados. Pocos de esos abusos son reportados y en la mayoría de los casos los responsables nunca son detenidos”, señala el citado informe.

Según el único superviviente, Luis Freddy Lala, migrante ecuatoriano,  aseguró que el grupo fue interceptado por delincuentes que dijeron pertenecer al cártel de Los Zetas, quienes les ofrecieron trabajo como sicarios. Al negarse, dieron la orden de fusilarlos a todos. Él logró escapar, pese a haber sido herido de bala en la garganta, y corrió a pedir auxilio a un retén militar cercano, desde donde se montó el operativo que encontró la fosa.

”Lo que este episodio revela con la información que tenemos hasta ahora es una modalidad de reclutamiento forzado”, señaló el portavoz de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, en declaraciones a la mexicana W Radio. ”Es decir, ni siquiera es un secuestro con intención aparentemente pecuniaria, sino fundamentalmente … forzarlos a participar en las estructuras del crimen organizado”, agregó.

El presidente Felipe Calderón, por su parte, calificó la masacre de  “barbarie” y la expuso como una razón más para seguir combatiendo a los hampones de la droga. Pero estas declaraciones molestaron a los organismos de derechos humanos que ven cómo no se atiende el problema de los migrantes. “Una vez más, las vidas de las personas migrantes pasan a segundo término cuando se trata de justificar la ineficacia y negligencia gubernamental”, afirman en un comunicado ocho organizaciones de apoyo a migrantes que piden a la Comisión Interamericana que tome cartas en el asunto.

“Éste no es un hecho aislado, sino que se corresponde con todo un escenario de persecución y muerte, en el que las personas migrantes sufren la condición de invisibilidad a la que las condena la política migratoria actual”, sostiene la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado fronterizo de Coahuila.

Asimismo, todas estas organizaciones, e incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependiente del gobierno federal han exigido responsabilidades a los poderes del Estado. Exigen una investigación “profunda y expedita” que dé con los responsables y la puesta en práctica de una política integral en materia de migración que se base en el respeto a los derechos humanos.

En su casa, en Tegucigalpa, Marleni Xiomara Suarez Ortega muestra al fotoperiodista la foto de su marido, Miguel Ángel Cárcamo, una de las víctimas de la masacre. (Fernando Antonio /AP)

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, también se pronunció en esta dirección e instó a las autoridades a ‘llevar a cabo en carácter urgente una investigación amplia, independiente y transparente sobre los asesinatos, y preservar la dignidad de los cadáveres para que puedan ser identificados y devueltos a los familiares’. Pillay, recordó que el año pasado, el relator especial de Naciones Unidas para los Migrantes estimó que unos 400 mil migrantes se encuentran en tránsito anualmente a Estados Unidos, y reiteró que “muchos de ellos jamás llegan a su destino”.

Desde Estados Unidos, el chicano Enrique Morones, fundador de la ONG Ángeles de la Frontera -que trabaja para evitar las muertes de migrantes en su cruce por el desierto-, aseveró que “si esto mismo hubiera pasado en Estados Unidos, la comunidad internacional y México estarían clamando al cielo” y condenando la mantanza apuntó que “no podemos pedirle al norte, lo que no podemos darle al sur”.

Así las cosas, parece que la pelota está en el tejado del palacio presidencial de Los Pinos, aunque las últimas declaraciones de Calderón no van en esa dirección. Durante la sesión de conclusiones de los diálogos por la seguridad, el viernes pasado, el presidente advirtió que se intensificará aún más la violencia. El jefe del ejecutivo dijo que los criminales no tienen límite moral ni escrúpulos y que “la única manera de detenerlos es a través, incluso, de la fuerza pública, que va necesariamente a traer, por lo menos en el corto plazo, también violencia”.

De momento, a los 72 migrantes asesinados, hay que sumarle dos desaparecidos: dos policías encargados de las averiguaciones sobre el asesinato.

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