CHARLOTTE, Estados Unidos, may. 08, 2008.- Ahora ni con educación superior podrán contar. Las restricciones impuestas por algunos lugares de Estados Unidos hacia los migrantes, son cada día más severas.
Así lo informó la oficina del Fiscal General de Carolina del Norte, que recomienda a los colegios comunitarios y universidades públicas cambien sus políticas y no admitan a indocumentados como estudiantes.
En una misiva enviada esta semana al Sistema de Colegios Comunitarios del estado, el consejero de la fiscalía, J. B. Kelly, resaltó que la educación superior es un beneficio que los alumnos sin estatus migratorio legal no tienen bajo las leyes federales.
Los indocumentados sólo pueden recibir educación pública hasta el bachillerato.
Desde 2004, la política de la mayoría de universidades y colegios comunitarios de Carolina del Norte ha sido admitir a estudiantes indocumentados graduados de una secundaria del país pero si pagan tarifas de alumnos extranjeros sin derecho a ayuda financiera.
Kelly recomendó que los colegios comunitarios sólo ofrezcan a los "ilegales" cursos sin créditos universitarios como diploma de secundaria e inglés como segunda lengua.
El Sistema de Colegios Comunitarios solicitó la opinión de la Fiscalía el año pasado luego que su presidente, Martin Lancaster, decidiera que los 58 campos de educación superior debían aceptar a los indocumentados.
Semanas más tarde, el presidente del sistema de Universidades de Carolina de Norte, Erskine Bowles y el gobernador del estado, Mike Easley, apoyaron la decisión de Lancaster.
Esto ocurre una semana antes que comience la sesión corta de la Asamblea Legislativa, donde se espera la presentación de un proyecto de ley que negaría el acceso a graduados de secundaria a centros superiores debido a su condición migratoria.
Según Andrea Bazán, líder hispana del estado y luchadora por los derechos de los estudiantes, la recomendación es "extrema" e impulsa a crear una "segunda clase de residentes" al negar educación a estos jóvenes.
En años anteriores se han realizado, sin éxito, intentos para que el legislativo apruebe una ley que permita a los indocumentados ir a la universidad, pero pagando como residentes legales como sucede en otros estados del país.
