Cada vez son más los estados que imponen mayores restricciones a los migrantes sin papeles en Estados Unidos, pero también cada vez son más los reportes de lugares y comercios que se ven afectados económicamente tras la huida de los indocumentados, quienes buscan otros sitios más tolerantes en ese país.
Tal es el caso en Virginia, donde la Cámara Legislativa Estatal y algunas alcaldías han aprobado diversas medidas con el fin de ahuyentar a indocumentados, como negarle fondos estatales a organizaciones caritativas o de salud que ayuden a personas sin permiso de residencia o prohibir que un número elevado de personas vivan en una misma casa.
Allí, muchos trabajadores latinoamericanos han preferido irse a otros estados, y los pequeños comercios han tenido que afrontar las consecuencias.
Roberto, originario de la ciudad de Guatemala —y quien prefirió no proporcionar sus apellidos—, vive en el norte de Virginia desde hace cuatro años.
Explicó que a su negocio, dedicado al cuidado personal, dejó de llegar gran cantidad de clientes de habla hispana, lo mismo en comercios aledaños de comida.
Algo similar ocurre, pero a mayor escala, en Pennsylvania, donde la escasez de trabajadores de campo perjudica a los productores de tomates. Los granjeros no consiguen la mano de obra suficiente para las cosechas, de acuerdo con el Buró de Granjas de Pennsylvania.
Los medios informativos en Estados Unidos también se ocupan de esas penurias económicas.
El diario The New York Times reportó días atrás sobre las consecuencias del incremento de las restricciones en Arizona, donde los negocios que empleen a trabajadores sin permiso migratorio no solo son multados, sino cerrados por ley.
Las organizaciones de bienes raíces de Arizona ya empiezan a reportar bajas en el alquiler de viviendas entre hispanos, y las escuelas registran mayor deserción de estudiantes de origen latino.
Y la falta de mano de obra se empieza a manifestar en ese estado, pues hasta 11 por ciento de la fuerza laboral estaba integrada por indocumentados en el 2006, según un estudio de la Fundación Pew.
Defensa de derechos
Las medidas en contra de los migrantes han aumentado, lo mismo que los controles de autoridades federales en estaciones de trenes y de buses, así como redadas en fábricas.
Al mismo tiempo, organizaciones sociales en Estados Unidos se han dado a la tarea de ayudar a los migrantes, mediante la enseñanza de sus derechos.
La Red de Respuesta Rápida es una coalición de activistas humanitarios que ha habilitado el número de emergencias 1-800-308-0878, para Nueva Jersey y Nueva York.
En los carteles que promueven esa línea telefónica de ayuda se propone que, para detener las redadas, es importante que las personas conozcan sus derechos.
Caryn Maxim, del Grupo Cajolá —organización estadounidense de ayuda para Cajolá, Quetzaltenango—, explica que si las autoridades de migración llegan a la puerta de la casa de migrantes, éstos pueden llamar a ese número, a cualquier hora.
“Personas que hablan español los asesoran, porque no es obligación abrirle la puertas a los agentes de migración, a menos que se presenten con orden de juez”, afirmó.
La Red de Respuesta Rápida no solo ofrece asesoría por teléfono, sino que también la posibilidad de enviar testigos para aconsejar en persona y documentar las posibles detenciones.
