"Los ciudadanos italianos no exigen al gobierno de Silvio Berlusconi un comportamiento racista o xenófobo, algo que jamás va a aceptar, sino una actitud firme contra la inmigración cladestina", afirmó este lunes Franco Frattini, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
El objetivo prioritario del gobierno conservador es la lucha contra la inmigración clandestina y estudia la posibilidad de introducir el patrullaje preventivo en el mar para evitar desembarcos y el endurecimiento de las normas para el pedido de asilo.
La posibilidad de limitar el ingreso de la familia del inmigrante legal y de someterlos a exámenes del DNA, entre las medidas que se examinan, suscita la indignación de organizaciones no gubernamental y católicas.
"Esas medidas preocupan a los inmigrantes que huyen de sus países por hambre o por las guerras", comentó en el diario La Repubblica Vittorio Nozza, de la organización católica Caritas, especializada en asistir a los imigrantes.
"Someterlos a exámenes del DNA sería inconstitucional", sostiene por su parte el ex magistrado Carlo Federico Grosso, experto de Derecho penal.
"El gobierno está trabajando demasiado rápido y puede cometer graves errores. ¿Piensan realizar miles de procesos a miles de gentes encarceladas? Una locura", comentó.
La idea de considerar un delito la inmigración clandestina, con penas que van de los seis meses a los cuatro años, anunciada por la prensa, fue rechazada también por el cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
"Italia necesita a los inmigrantes porque es un país con una natalidad muy baja. En pocos años pasará de 57 millones de habitantes a 50 millones. Lo que se necesita es reglamentar el flujo de inmigrantes", agregó el purpurado.
Varias protestas espontáneas se han registrado en los últimos meses en diferentes ciudades italianas debido a robos y asesinatos cometidos por inmigrantes, entre ellos rumanos y gitanos, lo que ha generado una ola de xenofobia.
El pasado fin de semana una joven gitana estuvo a punto de ser linchada en Nápoles al intentar robar un bebé de seis meses, según informó la prensa local. El cruel asesinato de una italiana en un barrio periférico de Roma por parte de un rumano desequilibrado a finales del año pasado desencadenó la ira de la población, que pidió medidas ejemplares al entonces alcalde de izquierda Walter Veltroni.
La derecha italiana prometió durante la campaña electoral que garantizará la seguridad de los italianos y que espera frenar el ingreso a Italia de los rumanos, estigmatizados como violentos delincuentes, quienes pueden entrar libremente debido que pertenecen a la Unión Europea.
El nuevo ministro del Interior, Roberto Maroni, miembro del partido xenófobo Liga Norte, encargado del paquete de medidas contra la inmigración clandestina, anunció que quiere simplificar las expulsiones y exigir la visa a los ciudadanos provenientes de Rumanía.
La medida podría complicar las relaciones con ese país. El ministro del Interior rumano, Cristian David, anunció que viajará esta semana a Roma.
En Italia residen más de cuatro millones de inmigrantes legales, de los cuales cerca de un millón son ciudadanos europeos, entre ellos unos 500.000 rumanos. Muchos de ellos prestan servicio de compañía a los ancianos o trabajan como obreros de la construcción.
