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J. BATISTA VALENCIA

El día 25 Valencia acogerá una manifestación contra el contrato de integración para inmigrantes que prepara el Consell. La concentración fue convocada ayer por tres organizaciones que trabajan con los extranjeros que llegan a la Comunitat, que coincidieron en censurar el proyecto de la Conselleria de Inmigración al considerar que es "discriminatorio y criminaliza al inmigrante".

"Que las personas extranjeras extracomunitarias deban firmar un contrato para respetar las leyes, los principios y tradiciones españolas y valencianas promueve la estigmatización de dicho colectivo en la sociedad", señalan las asociaciones en un comunicado destinado a recoger firmas contra del documento. "El cumplimiento de la ley es exigible a cualquier ciudadano y no es necesaria ninguna firma especial en un estado de derecho", continúa.

Luis Cerrillo, del Foro Alternativo por la Inmigración, dijo que se trata de un "contrato de asimilación", y criticó que sólo se aplique en extracomunitarios "que vienen a ganarse la vida", y no en los grupos de población extranjera con un estatus alto. "Hay pueblos en la Comunitat donde más del 60% de los habitantes son extranjeros, y si no sabes inglés, alemán o francés no te puedes tomar nada", sentenció.

A su juicio, una buena gestión de la integración consistiría en evitar la explotación laboral, la creación de economías sumergidas, el desarrollo de una política de vivienda en la que no haya sitio para la discriminación por cuestión de raza, o determinadas ayudas escolares para los niños inmigrantes, cuya diferencia de culturas les supone cierta desventaja en el aprendizaje.

"Nosotros optamos por el mestizaje y la interculturalidad. La cultura no es como una camiseta, que llegas a un sitio y te pones otra", añadió Lola Duato, de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes.

Además, el representante de la Red Sahel, Luis Poveda, recordó ayer que Blasco dijo que "daría papeles para todos, y se olvidó de ello cuando le llamaron la atención desde su propio partido".

Las medidas contra el contrato de inmigrantes no acaban en la manifestación del día 25, que se celebrará en el parque Manuel Granero de Ruzafa, precisamente, uno de los barrios de Valencia con mayor presencia de vecinos inmigrantes. Según explicó Poveda, cuando conozcan el contrato estudiarán presentar un recurso de inconstitucionalidad si cabe la posibilidad. Además, instarán a la Fiscalía General del Estado a que realice la misma alegación ante el más alto tribunal.

Respecto a las críticas de las tres oenegés, Blasco respondió que cuando conozcan el proyecto lo apoyarán, y destacó que su departamento mantiene contactos con "varias decenas" de asociaciones que han mostrado su apoyo al compromiso de integración. El conseller destacó que la iniciativa va encaminada a garantizar la dignidad de las personas inmigrantes, a abrir fórmulas de integración desde el respeto a la diversidad cultural y a las convicciones, y a ofrecerles iniciativas para que conozcan el contexto económico, social y cultural de la Comunitat, para que puedan integrarse con "plena igualdad".

Blasco pidió que este tipo de asuntos se analicen con "cierta serenidad" porque, a su juicio, "abrir debates sobre el fenómeno de la inmigración, que es uno de los grandes fracasos del Gobierno socialista, es muy conveniente e interesante".

El conseller instó a los colectivos de inmigrantes a que estén más preocupados por las políticas del Gobierno Central y, especialmente, por las declaraciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respecto al endurecimiento de las políticas de inmigración.

Para el próximo jueves se ha previsto una reunión entre el propio conseller, la Dirección General de Inmigración y las asociaciones convocantes, con el objetivo de acercar posturas antes de la celebración de la protesta, que se integra dentro de unas jornadas interculturales que se organizan en Ruzafa.

Desde Inmigración destacaron ayer que el contrato de integración incluye algunas exigencias que ya pide el Gobierno cuando un inmigrante quiere acogerse a la figura del arraigo para conseguir una residencia temporal. Con carácter excepcional, el arraigo permite residir con papeles a aquellos extranjeros ilegales que demuestran una estancia de al menos tres años en España. Entre los requisitos que deben reunir está la ausencia de antecedentes penales, un contrato de trabajo de al menos un año y un informe que acredite su inserción social, en el que se contemple el conocimiento de las lenguas o su participación con las redes sociales de su entorno, como por ejemplo, pertenecer a una asociación. Son dos exigencias concretas que incluirá el compromiso para inmigrantes del Consell.

Publicado el : Las noticias, España

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