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En un documento aprobado por la Comisión Europea el pasado 28 de abril y presentado por representantes del Partido Popular Europeo, se establecen por primera vez normas comunes para todos los países integrantes de la unión en materia de expulsión de migrantes ilegalmente residentes en ese territorio. Para que la llamada “directiva de retorno” comience a surtir efecto deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo en las próximas semanas. Se menciona la sesión del 21 de mayo como la del día de aprobación, aunque hay quienes sostienen que se pospondrá para junio.
La idea común que sustenta la aprobación de tal normativa reside en la voluntad de unificar por vez primera las normas que regulan este proceso intrínseco de la política migratoria de cada país, ya que hasta la fecha cada nación aplica modalidades y tiempos en algunos casos muy distintos entre sí. Un ejemplo es la detención en los llamados “centros de permanencia temporáneos” (CPT), que varía según el país: 40 días máximo en España, 60 en Italia y año y medio en Alemania. En la directiva se abordan tres aspectos fundamentales que vale la pena resumir. El primero se refiere a los tiempos y modalidades de expulsión: la Unión Europea (UE) pretende uniformar los tiempos de detención en los CPT hasta en 12 meses, con posibilidad de una ampliación de seis; asimismo, ofrece “la expulsión en dos tiempos”: primero un aviso, que si no es cumplido pasa a la deportación forzada. El segundo comprende la introducción a escala continental –hasta ahora pocos países la aplican– de la prohibición de regreso a la UE en los siguientes cinco años de realizada la expulsión. Finalmente, se introduce la posibilidad de tratamiento igual para adultos y menores de edad no acompañados. Las reacciones no se han hecho esperar y decenas de organizaciones de la sociedad civil europea y migrante, así como numerosos diputados del Parlamento continental, han realizado fundamentadas críticas a la intención de aplicar políticas represivas contra el fenómeno migratorio que se presenta en el viejo continente. Si bien es cierto que proporcionalmente a su población la UE es el territorio que más recibe migrantes –2 millones al año, de los cuales casi la mitad serían irregulares–, también lo es que la única respuesta que ofrece es la represión. Una primera impresión es que no se salva nada de esa propuesta. Cabe mencionar el oprobio que significan los tiempos de detención en los CPT. Ya de por sí tales detenciones, en la mayoría de los casos, siguen siendo práctica ilegal –pues aun en muchos países la estancia indocumentada no es delito penal. Con la directiva propuesta se determinan tiempos tan largos que harán todo, menos resolver el creciente problema de los suicidios, las revueltas, los hacinamientos que cada día llenan no las primeras planas de los periódicos, sino las conciencias de quienes los gestionan. Y luego la equiparación de tratamiento como delincuente entre adultos y menores de edad, que revela absoluta insensibilidad sobre el tema de los migrantes “jóvenes”. Finalmente, la introducción de la punición y el premio: no sólo te expulso, sino que te condeno a no regresar durante los próximos cinco años, pero si te portas bien al momento de la expulsión, quizás te reduzca este castigo suplementario. Sin embargo, hay dos elementos de orden más general que denuncian la criminal visión europea sobre el fenómeno migratorio. Ante todo hay que considerar el triste hecho de que la UE no ha podido ni puede ponerse de acuerdo o, mejor dicho, uniformar sus normas acerca de los aspectos represivos, cediendo otra vez a las presiones de los gobiernos conservadores del continente, el francés y el italiano, sobre todo. La única normativa común es la que se ocupa de prevenir la llegada de migrantes irregulares a la UE, con la experiencia poco exitosa de la agencia Frontex. Con la nueva directiva, la UE quiere una normatividad común también acerca de las expulsiones. Cada día está más lejos la posibilidad de encontrar leyes y reglamentos comunes para la estancia en el territorio. En esto sí, cada quien por su cuenta. Y lo que debe sorprender aún más –aunque por desgracia la UE está dejando de sorprendernos en éste y otros temas– es el hecho de que la unificación normativa, principio que está en la base de esta propuesta, en lugar de buscar un acuerdo elevando los estándares sobre los derechos y garantías de los ciudadanos migrantes, toma como punto común los peores aspectos de cada legislación –incluidas las no europeas: los 18 meses máximos de detención eran un límite ya criticado que hoy se quiere imponer a todos; la detención de menores de edad, existente en países extraeuropeos, hoy se quiere practicar en el viejo continente, y la prohibición del regreso por tiempo determinado era cosa que en Europa no se conocía. De ser aprobada en forma definitiva la propuesta, denuncian que se correrá el riesgo de asistir a la expulsión de 8 millones de personas de la UE en pocos años. Una verdadera limpieza racial.
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