En unas declaraciones hechas durante una visita a Villafranca de los Barros (Badajoz) divulgadas por varios medios de comunicación, Corbacho opinó que un inmigrante ilegal debe ser devuelto a su país, "pero por medio hay que cumplir todos los requisitos de respeto a los derechos humanos".
De ahí su discrepancia con la política del Ejecutivo del primer ministro italiano, el magnate conservador Silvio Berlusconi. "Ponen más el acento en discriminar al diferente (...) Quieren criminalizar al diferente y yo asumo la responsabilidad de gobernar el fenómeno", sostuvo el ministro.
Preguntada por el asunto, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo el pasado viernes no compartir "la política de expulsiones sin respeto de la ley ni los derechos de los inmigrantes, ni las actuaciones que pueden exaltar la violencia, el racismo y la xenofobia".
Sus palabras causaron revuelo en la prensa italiana, ya que tuvieron lugar tras una redada anunciada por la policía italiana contra inmigrantes ilegales que concluyó con 268 extranjeros detenidos, 118 de los cuales serán expulsados, y en medio del debate por la mano dura en materia migratoria propuesta por el nuevo Gobierno derechista de Berlusconi.
