| on 21-05-2008
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Roma. EFE. Se imponen penas carcelarias para los inmigrantes ilegales y hasta para quienes les alquilan una vivienda. Oposición e iglesias critican decreto ley.
El delito de inmigración clandestina será incluido en el proyecto de ley que aprobará mañana (hoy) el Gobierno de Silvio Berlusconi, en el consejo de ministros que celebrará en la sureña Nápoles, con penas que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según informaron diversos medios locales. La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional. La inclusión de este delito está considerado como un triunfo del ministro de Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido con tintes racistas, que siempre ha sido favorable a la misma, alegando que ya existe en otros países de la UE, como Francia y Alemania. Sus aliados de Alianza Nacional, sin embargo, se han mostrado hasta ahora contrarios a la introducción de ese delito y abogan por expulsar solo a los ilegales que hayan vulnerado la ley. Los partidos de la oposición son contrarios y hoy Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores (IDV), insistió en que no puede ser un delito, "ya que no solo produciría millones de fugitivos, sino que costaría al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros". En contra también están destacados miembros de la Iglesia, como el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que ha dicho que es un "error" y que no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo, y a organismos como Cáritas. Las iglesias protestantes también están en contra. Según los baptistas, es una "monstruosidad" y según los luteranos, esa ley puede instigar a los jóvenes al odio. POLÉMICO DECRETO LEY Las informaciones difundidas el martes aseguran que las medidas sobre seguridad y contra la inmigración clandestina están divididas en un decreto-ley, un proyecto de ley y tres decretos sobre circulación de ciudadanos de la UE, reunificación familiar y derecho de asilo. Según las filtraciones desveladas por medios locales, el decreto ley contempla la expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino, y fija la permanencia máxima en centros de acogida en 18 meses. Quien alquile una casa a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de 6 meses a 3 años y multas de entre 100 y 150.000 euros.Además de medidas contra la inmigración clandestina, también contempla un aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los 10 años de cárcel, e introduce un endurecimiento para la adquisición de la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaba seis meses y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal. Otro punto polémico es el de los asentamientos gitanos. Aquellos que sean ilegales serán desmantelados, aseguró el ministro Maroni. LA CLAVE Xenofobia. El jueves la policía italiana arrestó a más de trescientos inmigrantes, de los cuales 53 fueron llevados de inmediato a la frontera para su expulsión, en un operativo sin precedentes. El miércoles un grupo de vecinos de Nápoles incendió un campamento de gitanos rumanos. Y el martes, vecinos de Ponticelli atacaron con cocteles molotov otro campamento de gitanos rumanos. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno insiste en la criminalización de los migrantes.
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