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La alta comisario de la ONU para los derechos humanos, Louise Harbour, y el Vaticano, condenaron ayer la política del gobierno italiano de considerar un delito la condición de inmigrante clandestino. En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Arbour destacó la alarma que causa el agravamiento de la intolerancia y la xenofobia en Europa, con un aumento de las políticas represivas de control.

"Ejemplo de las políticas y actitudes negativas es la reciente decisión del gobierno italiano de convertir en un delito la inmigración clandestina", dijo. La funcionaria también condenó los ataques en la zona de Nápoles y Milán contra campamentos de gitanos de la etnia rom, la mayoría de nacionalidad rumana, o sea, de ciudadanos miembros de la Unión Europea. Media docena de campamentos fueron incendiados por los vecinos y la policía no ha efectuado arrestos ni anunciado ningún progreso en las investigaciones para hallar a los culpables. Los ataques dieron sus frutos, porque cientos de gitanos con sus familias huyeron llevándose lo que podían.

El embajador Giovanni Caracciolo di Vietri, titular de la delegación italiana, reaccionó a la condena afirmando su "estupor" por las referencias a la situación de su país. "Hemos estado siempre en primera línea en la batalla contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia", dijo.

En Italia el clima ha cambiado radicalmente tras el triunfo de los conservadores de Silvio Berlusconi en las elecciones del 13-14, que obtuvieron una victoria abrumadora sobre el centroizquierda de Walter Veltroni levantando las banderas de la seguridad y la lucha contra los inmigrantes clandestinos.

El delegado italiano señaló que el delito de inmigración clandestino aún debe ser examinado por el Parlamento y que ya varios países europeos y no europeos consideran un delito la condición de extranjero que reside en forma ilegal.

Monseñor Agostino Marchetto, secretario del Pontificio Consejo para los Migrantes, dijo a la radio vaticana que "los extranjeros, como los ciudadanos de los países de la Unión Europea, no deben ser arrestados por haber violado una ley administrativa". El alto prelado se encuentra en Nairobi, la capital de Kenia, donde participa del congreso panafricano de delegados de las conferencias episcopales en los asuntos de las migraciones.

Es la segunda ocasión en pocos días en que el Vaticano interviene en el debate sobre la nueva política represiva del gobierno del premier Silvio Berlusconi contra los inmigrantes clandestinos. El presidente de la Conferencia Episcopal de Italia, cardenal Angelo Bagnasco, se pronunció contra el proyecto de prolongar de dos a seis meses la internación en centros especiales de los inmigrantes clandestinos que están por ser expulsados del territorio italiano. Un estudio conocido ayer, por otra parte, indicó que los trabajadores irregulares producen unos 30 mil millones de euros anuales, o sea el 2% del PBI de Italia. "Son más un recurso que un problema", destaca el estudio

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