TOMÁS BÁRBULO - Madrid - 16/06/2008

El endurecimiento de la política de inmigración aleja progresivamente al Gobierno de sus aliados de la legislatura pasada y le acerca al PP, con el que mantuvo un enfrentamiento radical. Mientras el portavoz del PP en esa materia, Rafael Hernando, insinúa un acuerdo básico con el Ejecutivo, el de IU, Gaspar Llamazares, considera "inaceptables desde el punto de vista ético" las medidas anunciadas ayer en EL PAÍS por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Los nacionalistas se muestran divididos: CiU apoya los cambios y PNV y CC los rechazan de plano.

Las iniciativas de Corbacho tienen una doble vertiente. De un lado, estudia restringir la reagrupación familiar, eliminando de ella a los ascendientes de los extranjeros (padres y suegros). De otro, estimular la vuelta a su país de los inmigrantes que se queden en paro, ofreciéndoles cobrar todo el subsidio de desempleo a cambio de que renuncien a sus permisos de residencia y de trabajo y se comprometan a no retornar a España en un plazo mínimo de tres años.

El popular Hernando está de acuerdo en limitar la llegada de los ascendientes, aunque ofrece una fórmula diferente a la del ministro: cerrar el paso a la reagrupación de éstos en cadena. También se muestra favorable a pagar a los inmigrantes sus cuotas de desempleo de una sola tacada para fomentar el autoempleo, aunque duda de su efectividad.

"Los extranjeros que pueden capitalizar entre 15 y 18 meses de paro llevan en nuestro país un mínimo de seis años", argumenta. "Y eso supone, en la mayoría de los casos, que tienen vivienda y familia". El PP considera que las ayudas deben estar dirigidas a quienes llevan poco tiempo en España, y considera que hay que trabajar más para convencer a los que se hallan en situación irregular de que retornen a su tierra.

CiU muestra un apoyo menos reticente a las medidas del Gobierno. El portavoz de esa formación en el Congreso, Carles Campuzano, agradece la "aproximación realista a la inmigración" de Corbacho, e insiste en que a pesar de que no está convencido del resultado de la decisión de otorgar incentivos para que los extranjeros vuelvan a sus países, esa medida "debe existir". También está de acuerdo para excluir de la reagrupación familiar a los ascendientes de los extranjeros. "Hay que ser exigentes con quién se puede reagrupar".

Absolutamente contraria es la opinión del diputado de IU Gaspar Llamazares: "El Gobierno no sólo ha endurecido su discurso, sino que también quiere endurecer la legislación, al calor del cambio de ciclo económico". Considera que el estímulo al retorno voluntario "no es de recibo": "Se trata de una política más simbólica que real. Iniciativas similares nunca han tenido efecto".

Más duro se muestra frente a la limitación de la reagrupación familiar, que en su opinión "criminaliza simbólicamente a los inmigrantes y conecta con el populismo conservador europeo de Berlusconi y Sarkozy". En este punto, anuncia, el Gobierno no contará con su apoyo.

Un rechazo similar muestra el PNV. "Yo esperaba otro comportamiento de un Gobierno supuestamente de izquierdas, no que se alineara con los planteamientos de los países más reaccionarios de la UE", dice su portavoz en el Congreso, Emilio Olabarria. El PNV considera que tras los anuncios del Ejecutivo "late la xenofobia. El Gobierno tendrá nuestra oposición más frontal", advierte.

Tampoco convencen las medidas del ministro Corbacho a Coalición Canaria. "Son un disparate; no van a funcionar", opina su portavoz, Ana Oramas. "En una época en la que Europa cierra aún más sus fronteras, un permiso de residencia vale oro. Los inmigrantes no van a querer volver".

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